De este modo, María Jesús Bonilla se ha referido a las últimas declaraciones de su homólogo socialista en el Congreso, Luis Carlos Sahuquillo, afirmando que “desde el Partido Popular no vamos a consentir lecciones de los dirigentes del PSOE ni de pactos y ni mucho menos de Dependencia”.
Es más. Bonilla ha criticado la osadía del diputado del PSOE al hablar de Dependencia, cuando Castilla-La Mancha, con el Gobierno de Page-Podemos al frente, tiene 5.219 expedientes sin valorar, se han perdido 3.554 prestaciones económicas de familiares de dependientes desde junio de 2015, hay 42.486 solicitantes que quieren entrar en el sistema de dependencia y siguen esperando, además de 21.545 personas en el limbo de la dependencia, que tienen su grado reconocido y no se les concede la prestación a la que tienen derecho.
Asimismo, Bonilla ha recordado como con el Gobierno de Zapatero el IMSERSO no pagaba la totalidad de la deuda contraída con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales, lo que generó una deuda que alcanzó los 1.034 millones de euros. A esta situación hay que unir que el Gobierno socialista redujo en 234 millones la financiación de la Dependencia en 2011 y llevó a cabo una nefasta gestión del sistema que fue reflejada así por los medios de comunicación.
De hecho, ha explicado como el Tribunal de Cuentas certificó que con el PSOE se había transferido a las comunidades autónomas una cifra que entonces se calculaba en más de 46,8 millones de euros como consecuencia de 25.806 situaciones irregulares. Entre otras, se detectaron las siguientes deficiencias: 12.055 personas figuraban como beneficiarias estando fallecidas, con un coste estimado de 29,4 millones de euros; y 1.363 expedientes se encontraban duplicados generando un doble pago que tenía un coste de 5,2 millones de euros.
Ante esta situación tan caótica que generó el PSOE en España, las medidas adoptadas por el PP han permitido simplificar la normativa que había alcanzado, según el Tribunal de Cuentas, 671 normas autonómicas y 134 estatales; hacer más ágil el proceso que tienen que seguir las personas que solicitan la valoración, mejorar la transparencia del sistema de información, pagar la deuda con la Seguridad Social, ahorrar 39 millones tras solucionar las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas o aprobar criterios comunes y recomendaciones para los planes de atención integral a menores de 3 años en situación de dependencia.
A 31 de enero de 2017, Bonilla ha detallado que hay 873.706 personas beneficiarias con prestación efectiva, consolidándose en enero la tendencia iniciada en el mes de mayo superando el millón de prestaciones (1.078.882). Así, son ya 685.027 los nuevos beneficiarios que se han incorporado desde enero del año 2012.
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