Ya en enero de 2014 con la sentencia firme, y ante el reiterado incumplimiento de la misma, el Grupo Popular se ve obligado a solicitar un pleno extraordinario para que se debatan en él algunos de esos asuntos que les han ocultado desde el inicio de la legislatura, entre ellos el coste de Carretería y la gestión del agua.
Días después, el Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia, condenando en costas al Ayuntamiento y sin dar opción a recurso alguno. A pesar de ello, la negación y ocultación de documentación es continua y Ávila sigue vulnerando los derechos fundamentales del grupo de la oposición. Por ello, en el mes de junio pasado el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Cuenca emite un auto en el que ordena al Ayuntamiento la ejecución forzosa de la sentencia y ya prevé multas coercitivas entre 150 y 1.500 euros para autoridades, funcionarios o agentes en caso de incumplimiento de la misma. También indica el juez en este auto que “se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
Esto último, es a juicio del Grupo Popular un hecho muy grave, porque el juez ya habla de la posibilidad que tienen como afectados a presentar una querella por desobediencia, obstrucción a la justicia o incluso prevaricación. Una situación que se están planteando si siguen sin disponer de la información solicitada.
En este tiempo se han acumulado numerosas peticiones de información del PP, entre ellas se encuentra el Libro Diario de contabilidad de la empresa desde su comienzo como empresa que gestiona el ciclo integral del agua; la relación y justificantes de pago de los adjudicatarios del mercadillo; detalle de las dietas percibidas por determinados trabajadores; información sobre la devolución de los avales a la empresa del establecimiento regulado, así como informe que certifique que ha realizado las obras del contrato; y documentación que acredite el pago mensual de la contraprestación que la empresa de autobuses tiene derecho a percibir como empresa concesionaria.
Los populares insisten en que este es el mejor ejemplo de la nula transparencia que practica Ávila al frente del Ayuntamiento, que está gobernando desde “la oscuridad de la cueva”.
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