Desde CCOO hacemos un llamamiento a toda la sociedad sobre la insoportable extensión de la violencia; la que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el acoso sexual en el trabajo, la intimidación en la calle, el acoso en internet, la violencia de control en las jóvenes, y en especial las terribles consecuencias que estos ataques acarrean en la salud, la integridad, la dignidad y la vida laboral de las mujeres.
Una violencia que no se confina a una cultura, edad, clase social, región o país; las raíces de la violencia contra las mujeres tienen carácter estructural y son producto de la desigual relación de poder entre mujeres y hombres.
En España, país pionero en la lucha contra la violencia machista, el Gobierno del Partido Popular durante su legislatura, ha recortado un 17% la partida presupuestaria destinada a la prevención de la violencia de género y un 43% la destinada a políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Recursos absolutamente insuficientes para una eficaz aplicación de la Ley Orgánica de medidas de Protección integral contra la violencia de género.
Es difícil conseguir que la violencia reduzca su intensidad cuando las políticas de prevención apenas existen, más allá de las campañas y la realización de estudios que evidencian la persistencia de la violencia –incluso entre los más jóvenes- mientras en el ámbito educativo se elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluía contenidos relacionados con la no violencia, la igualdad, el respeto y la solidaridad.
En el ámbito laboral, denunciamos que el número de contratos realizados a mujeres víctimas de violencia de género es casi insignificante, apenas 725 contratos de los más de 7.300.000 contratos realizados a mujeres en 2014, lo que viene a constatar la escasa repercusión que los acuerdos de contratación suscritos por el Gobierno con las empresas. Por otra parte el número de mujeres que se han acogido a los derechos de reconocidos por la Ley de violencia sigue siendo testimonial.
La violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo sigue siendo una grave y significativa violación de los derechos humanos. En todo el mundo, alrededor del 35 por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Por otro lado, en la Unión Europea entre un 40 y un 50 por ciento de las mujeres han sufrido insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo.
Para intentar paliar esta situación la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha reclamado ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una norma específica que permita combatir la violencia de género en el lugar de trabajo. En ese sentido hemos solicitado al Gobierno de España que apoye la elaboración y desarrollo de dicha norma, que luego pudiera ser ratificada por los países a nivel mundial, y que tenga como objetivo, entre otros, prevenir la violencia de género en el trabajo y apoyar a las víctimas garantizándoles derechos laborales y de seguridad social.
Con el fin de hacer visible éstas y otras reivindicaciones, y porque la precariedad laboral -las brechas de género en el empleo, los salarios, la pensiones- también es violencia contra las mujeres, hemos apoyado y participado activamente en la Marcha estatal contra las violencias machistas del pasado 7 Noviembre convocada por el movimiento feminista.
Expulsar a las mujeres del mercado laboral, precarizando su situación y obligándolas a retornar al rol tradicional de los cuidados del hogar y la familia y a la dependencia económica del hombre y sustentador familiar supone incrementar el riesgo de exposición a la violencia machista.
Por todo ello, consideramos prioritario:
• Intensificar la sensibilización contra la discriminación y la violencia de género a través de formación específica para a quienes negocian convenios colectivos y planes de igualdad, tanto en el ámbito sindical como empresarial.
• Introducir en la negociación colectiva garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, tales como: apoyo psicológico, médico y jurídico especializado, así como facilitar permisos retribuidos que eviten una merma económica en sus recursos.
• Garantizar que las situaciones derivadas de la violencia de género, como ausencias o bajas médicas, no supongan merma económica para las trabajadoras.
• Negociar protocolos de actuación y medidas de protección específicas de los derechos laborales para las trabajadoras víctimas de violencia de género que no hayan denunciado a su agresor.
• Establecer canales de colaboración con las administraciones públicas y los interlocutores sociales que permitan mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género, que se han puesto en marcha en el marco del desarrollo de la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, mediante campañas de difusión en los medios de comunicación y reforzar la formación e información de las personas que negocian los convenios colectivos.
Por último, desde CCOO llamamos a toda la ciudadanía conquense a participar en las distintas movilizaciones y acciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales han convocado para el 25 de Noviembre en nuestra provincia.
Cuenca, 25 de noviembre de 2015
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