Se trata de una circunstancia que los diputados del PSOE consideran “muy grave”, máxime después de que hace casi un mes preguntasen al equipo de Gobierno quién era el propietario del convento y no se les diera respuesta. Por ello han pedido explicaciones en el Pleno, sin que “hayamos obtenido una respuesta adecuada”.
Y es que, explica González Mena, “mientras que el diputado y concejal optense Francisco Javier Doménech decía que la propiedad del convento es de dominio público, el vicepresidente Julián Huete aseguraba desconocerlo y, finalmente, el presidente Benjamín Prieto reconocía de refilón que pertenece a siete hermanos y que uno de ellos es, efectivamente, edil del PP en Huete”.
El Grupo Socialista ha cuestionado que esta adquisición sea “ética” y su portavoz se ha preguntado además “por qué la Diputación se va a gastar 130.000 euros en comprar este inmueble en Huete, evitando gastos a su Ayuntamiento, y no lo hace en otros pueblos”. Como ejemplo ha puesto Villanueva de la Jara, donde ha sido el Consistorio el que se ha gastado 100.000 euros para adquirir el Convento de las Clarisas.
“Era el momento de mejorar la inversión del POS”
En otro orden de cosas, el portavoz socialista ha lamentado que el equipo de Gobierno haya votado en contra de la moción en la que instaban a que se eliminase de las normas del Plan de Obras y Servicios (POS), en su convocatoria para 2017, la obligatoriedad de los ayuntamientos a pertenecer al Consorma y al Consorcio 112, y pedía también ampliar la partida en un millón de euros a repartir por tramos de población.
“Mientras que el equipo de Gobierno ha considerado que no era el momento de debatir sobre ello, nosotros consideramos que era justo el idóneo, pues la convocatoria está previsto que salga en octubre”, ha explicado González Mena.
Tasas Segóbriga
Por otro lado, el Grupo Socialista se ha abstenido en el punto del Orden del Día que trataba las modificaciones en las tasas de acceso al Parque Arqueológico de Segóbriga, al pedir que la gratuidad de la entrada incluyese también el tramo de edad entre los 8 y los 11 años, y no aceptarlo el equipo de Gobierno.
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