A partir de abril de 2018, todos los Estados miembro de la Unión Europea tendrán que entregar cada tres años un informe a la Comisión que dé cuenta de los contratos realizados los años anteriores por todas las entidades públicas.
Los informes que se envíen se harán públicos no solo por parte de la Comisión Europea sino también a nivel nacional para contribuir a una mayor transparencia en torno a la contratación pública efectuada en nuestro país.
El papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares es clave en este proceso de recopilación de información porque aportarán datos no sólo de su propia contratación pública sino también de ayuntamientos y otras entidades locales de su provincia.
Esta información se completará con la que aporten las Comunidades Autónomas y con la que tenga la propia Administración General del Estado, lo que permitirá que el Ministerio de Hacienda y Función Pública eleve a la Unión Europea informes con una visión de conjunto sobre esta materia tan importante.
En estos informes se realizará además un desglose de los datos por entidades contratantes, tal y como la Comisión Europea lo exige.
La reunión celebrada este jueves sigue a otras que se están manteniendo con las Comunidades Autónomas y los grandes Ayuntamientos con el mismo objetivo de reunir toda la información necesaria para enviarla a tiempo y asegurar el cumplimiento de las nuevas directivas por parte de nuestro país.
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