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El Pleno adoptará el acuerdo sobre el convenio de los Servicios Sociales
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El Pleno adoptará el acuerdo sobre el convenio de los Servicios Sociales

El retraso de 8 meses está provocando un grave perjuicio a los usuarios, a trabajadores y al Ayuntamiento sometido a un duro Plan de Ajuste desde la pasada legislatura

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El Ayuntamiento celebrará este mes de agosto un Pleno Extraordinario para someter a votación y adoptar acuerdo sobre el nuevo convenio de los Servicios Sociales con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es la decisión que han tomado el Alcalde y su Equipo de Gobierno, una vez recibidos los informes jurídicos y de la intervención. De acuerdo con el ROM, agosto es un mes en el que no se celebra sesión ordinaria y se declara inhábil para la celebración de plenos.

El Gobierno de García-Page ha modificado los convenios de los servicios sociales de manera unilateral, y ese es el origen de todos los problemas, y lo que está provocando un grave perjuicio en al normal funcionamiento de los Servicios Sociales de toda Castilla-La Mancha, agravados en el caso del Ayuntamiento por el duro Plan de Ajuste de la pasada legislatura. Retraso que está provocando un grave perjuicio a los usuarios, a trabajadores y al Ayuntamiento que, por ejemplo, no puede sacar a licitación la prestación de los servicios. Se da la circunstancia, de que algunos de los programas, como el Plan Local de Inserción Social (PLIS) ni siquiera han comenzado, habiendo transcurridos ocho meses de 2017, así como tampoco el Plan Concertado. Sin embargo la Ayuda a Domicilio a unas 280 personas mayores y dependientes, se presta por el Ayuntamiento sin un convenio de delegación ni aporte económico del Gobierno de Page.

Sobre este servicio de Ayuda a Domicilio, los porcentajes que refleja el nuevo convenio no son reales por la subida del Ayuntamiento a 14 euros la hora, lo que supondría un 67/33, por lo que se considera que a la Junta de Comunidades no le interesan las condiciones de los trabajadores. Además este servicio no se ha podido sacar a licitación por el retraso en el convenio, impidiendo que los trabajadores tengan unas condiciones salariales más dignas.

Por otra parte, el nuevo convenio establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; 5 años, con posibilidad de prórroga por un período de hasta 4 años, teniendo efectos económicos desde el 1 de enero de 2017, dado el carácter de continuidad del servicio que se presta. Mientras que años anteriores se renovaba anualmente. Sorprendentemente, se señala en la cláusula decimocuarta que con carácter anual se procederá a actualizar el importe de los convenios mediante un anexo, en el que se establecerán las cuantías actualizadas para cada ejercicio, “estando sujeto a la condición en cada ejercicio de existencia de crédito".

El Ayuntamiento de Cuenca ha venido denunciando la grave situación de riesgo en la que el Gobierno de Page ha puesto a los servicios sociales municipales, después de que a estas alturas del año, cuando ya han pasado casi ocho meses desde que diera comienzo, todavía no haya firmado ninguno de los cinco convenios que mantiene en esta materia con la institución local. Todo por cambiar de forma unilateral el convenio.

Como se informó en su día, el servicio de intervención municipal emitió un informe en que quedaba patente: “La extremada urgencia que requiere el adoptar las medidas necesarias e imprescindibles para la suscripción de los mencionados convenios o para la devolución de las competencias al órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

El Equipo de Gobierno ha venido denunciando asimismo, que como consecuencia de esta inacción del gobierno que preside Page no se dispone de créditos y por lo tanto, el Ayuntamiento ha seguido prestando los servicios sociales afectados sin convenio que habilite a prestar una competencia de la Junta de Comunidades ni recibir ningún tipo de ayuda económica de la institución de la que son competencia de la Comunidad Autónoma, y asumiendo todas las cargas.

Entre ellos el Plan Local de Integración Social, del que la Junta es responsable del 80%; o la Ayuda a Domicilio y el Plan Concertado, a los que debe aportar el 74% y el 30% del importe total, respectivamente.
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