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Por fin se ha declarado nulo el convenio urbanístico con DAVECON en los suelos del Club Serranía

jueves 12 de abril de 2018, 01:32h

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El pasado 7 de marzo, el Ayuntamiento de Cuenca acordó, por unanimidad de todos los concejales, declarar la “nulidad de pleno derecho del convenio urbanístico” suscrito con DAVECON, SL el 23 de enero de 2006, más, supongo, el anexo de 29 de enero de 2008. En ambos era alcalde José Manuel Martínez Cenzano, quien los suscribió.

Esta noticia ha pasado desapercibida para los medios de comunicación conquenses. Solamente Izquierda Unida le ha dado relieve con los instrumentos a su alcance: y hay que agradecer a IU el esfuerzo que ha hecho para llegar a este final.

Quienes siguen la actualidad de la ciudad de Cuenca conocen los elementos más importantes de aquel convenio referido a lo que se llamaba Huertas del Club Serranía, o Huertas de La Alameda, y que pretendía, en resumen, lo siguiente:

- El suelo pasaría a ser calificado –previa modificación del planeamiento urbanístico- de uso deportivo privado a uso residencial, y esto con el mayor aprovechamiento posible: un metro cuadrado de suelo por cada metro cuadrado de viviendas.

- El Ayuntamiento pretendía obtener recursos de esa operación urbanística para construir un “recinto ferial” que costaría 7.813.000 €. De ellos DAVECON aportaba 3.304.000 € a cambio de la plusvalía obtenida gracias a la recalificación del suelo y prestaba el resto con el compromiso municipal de devolvérselo en dinero o en derechos urbanísticos sobre el polígono residencial.

- El llamado recinto ferial debía encargarse al famoso arquitecto José Ramón Moneo y a su hija Belén Moneo.

Me interesa resaltar de aquel convenio de 23 de enero de 2006 lo que se dice en el segundo párrafo de la estipulación quinta. Este párrafo es lo último de lo escrito en el acuerdo y constituye, seguramente, una aportación apócrifa llevada a cabo por los profesionales del Ayuntamiento -que redactarían bajo órdenes el resto del texto- con el fin de curarse en salud. Una aportación que los gobernantes no leyeron, no entendieron o que despreciaron, aún cuando esta era lo más importante. Extracto lo que ahí se dice: “Las estipulaciones previstas en este convenio (…) solo tienen el efecto de vincular a las partes del mismo para la iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos para la innovación del planeamiento…”. O sea, el convenio urbanístico es solo un compromiso del alcalde con la empresa constructora para procurar que se modifique el Plan de Ordenación Municipal, lo que significa un acuerdo plenario y la aprobación posterior por parte del órgano competente de la Junta de Comunidades. Y esto nunca sucedió. De hecho, la ciudad de Cuenca continúa rigiéndose aún por el llamado Plan General de Ordenación Urbana de 1995.

A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, que es la referencia legal sobre el valor de un convenio urbanístico, lo cierto es que, con esa sola declaración de voluntades firmada entre el alcalde y la empresa, se licitó, contrató y construyó ese edificio que hoy llaman Bosque de Acero, y que, por cierto, nadie sabe qué provecho sacarle. Y como no se cumplieron los compromisos con la constructora, todo su importe no es sino un suma y sigue para las deudas municipales; es decir, una deuda propia no de los políticos torpes que la ocasionaron, sino de los ciudadanos que pagamos impuestos y además hasta les votamos.

Y a todo esto hay que añadir más torpezas. Por convenio urbanístico no se puede contratar un crédito: los 4.509.000 € que restaban para el recinto ferial los puso DAVECÓN a cambio de un reintegro en aprovechamiento urbanístico municipal. Esto no es legal: tanto para contratar un crédito como para vender patrimonio público hay que hacer un concurso abierto a cualquier empresa interesada y adjudicárselo a la que haga mejor oferta. Publicidad y concurrencia, oiga, que lo dice la Constitución.

En estas torpezas fue protagonista el PSOE, con Cenzano de alcalde. Ahora, tras la declaración de nulo derecho de ese convenio –con el voto positivo también de los socialistas-, creo que estos últimos deberían hacer autocrítica y pedir disculpas. Ese recinto ferial inútil supone casi ocho millones de euros a repartir entre los conquenses.

Y en mi caso particular, dado que en su momento sufrí lo mío por oponerme a ese insensato convenio, también agradecería excusas.

Joaquín Esteban Cava

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