Así Garrido ha manifestado que “esta reforma supone un verdadero plan de ajuste en el que, además de la destrucción de miles de puestos de trabajo, se eliminarán un gran número de servicios públicos. Además - ha dicho - no clarifica las competencias de cada administración ni elimina las posibles duplicidades, dejando para posteriores leyes la concreción de los servicios que prestarán los ayuntamientos. Por último – incidió - en que no garantiza una financiación adecuada, transparente y estable de los ayuntamientos y limita la actuación de la administración en beneficio de las empresas privadas”
La Secretaria General de la FSC ha dicho que van a seguir intensificando la campaña informativa sobre este asunto pues es algo prioritario en su acción sindical y van a intentar llegar a trabajadores de los Ayuntamientos y ciudadanos en general con sus hojas informativas, dípticos, cartelería, y van a celebrar asambleas informativas, al tiempo que se pondrán en contacto con las organizaciones sociales de la provincia para trasladarles sus valoraciones y propuestas.
Por su parte Castellano Bobillo ha destacado negativamente la ausencia de consenso político y social de esta propuesta y el rechazo prácticamente unánime de todas las organizaciones sindicales y de asociaciones vecinales, de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores. Otra muestra de que este proyecto, que ha pasado por varios borradores a lo largo del año, no gusta a casi nadie son las enmiendas que han presentado federaciones de municipios estatal o gallega, el colegio de secretarios e interventores, hasta el propio gobierno de Castilla-Leon que también ha elaborado enmiendas para modificar su contenido.
Tampoco ha olvidado el responsable de la FSC en la Administración Local el informe del Consejo de Estado emitido en el mes de julio y que cuestiona la constitucionalidad de la reforma y advertía que podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Constitución. En cuanto al traspaso a las diputaciones de las competencias locales que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al "coste estándar", ahora llamado “efectivo”, que establezca el Gobierno, el Consejo de Estado advertía que las Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta" y recalcaba que no se considerase si la Diputación a la que se encomienden los servicios cuenta con estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En materia de empleo han señalado que se producirá una gran pérdida de puestos de trabajo y una merma en las condiciones laborales, sobre todo por la aplicación de la reforma laboral en los Ayuntamientos y por la desaparición de servicios prestados directamente hasta la fecha por las entidades locales. “Ya ha hay casi 1.000 empleados municipales menos en la provincia de los que había en enero de 2011, y en el proyecto de ley no se garantiza o no se regula que pasará con los trabajadores de los servicios que define como “impropios” y que no prestarán los Ayuntamientos. Las administraciones receptoras, sea Diputación o la Junta, no estarían obligadas a asumir el traspaso del personal”, comentó Bobillo.
¿VA a asumir la Diputación o la Junta a 500 o 600 trabajadoras de ayuda a domicilio, o a las empleadas de las escuelas infantiles municipales, a los trabajadores sociales o de centros de la mujer, a los encargados de las oficinas de consumo, o AEDLs, o profesores de las Escuelas de Música, etc, etc?, se preguntaron desde la FSC, para responderse que “todo apunta que no”.
“Estamos, dijo por último Bobillo, ante la demolición del modelo de gestión pública local, el desmantelamiento de servicios y la consiguiente privatización y la destrucción de todo lo que se ha avanzado en más de 30 años de autonomía local y de Ayuntamientos democráticos”.
“En 1979, en las primeras elecciones municipales tras cuarenta años de dictadura, se proclamaba “Quita un cacique. Pon un Alcalde” y ahora en pleno siglo XXI parece que se tendrá que decir: “Quita un Alcalde. Pon un autómata o una marioneta”. Incluso adentrándose más en la historia del municipalismo comparó esta contrarreforma con el papel y las funciones que ejercían los corregidores en el siglo XV y XVI, citando una frase de uno de ellos (Jerónimo Castillo de Bobadilla, en 1597): “Cuando los malos gobiernan, gime el pueblo y los buenos se esconden”.
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