Luis Loeches ha explicado que los acuerdos entre Diputación y Ayuntamiento para construir el Albergue, “no daban al Ayuntamiento ningún derecho de uso sobre las instalaciones” y formaban parte de una operación más amplia en la que la Diputación aportó los terrenos en los que el consistorio edificó las piscinas de Luis Ocaña. Esto fue en 1992 y desde entonces no consta que nunca se haya solicitado el permiso de utilización del monte público, "a pesar de lo que nunca, como es público y notorio, ninguna de las corporaciones de ningún signo político, de las que ha gobernado el Ayuntamiento, ha tratado de aprovechar esta circunstancia para traicionar el acuerdo original entre ambas instituciones”.
Si es cierto, aclara Luis Loeches que aprovechando la iniciativa de la Junta de Comunidades para subsanar este error y tramitar la solicitud del uso de estos terrenos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha tratado de modificar unilateralmente este ‘statu quo’, tratando de imponer unas condiciones totalmente abusivas para la ocupación del terreno de Fuente de las Tablas.
Lo llamativo, señala el diputado, es que, mientras que la Junta lo que trata es de ordenar el monte en relación a su uso como bien forestal, el Ayuntamiento lo que hace es redactar un pliego en el que se extralimita y de justificar el uso del monte, pasa a tratar de imponer las condiciones del uso de las instalaciones. Unas condiciones, añade “que sólo se pueden entender como una agresión en toda regla a la Diputación Provincial porque de hecho suponen una expropiación del Albergue, eso sí, muy sui-generis y en la que el ayuntamiento se atribuye todos los derechos, ninguna responsabilidad y, por supuesto, cero inversiones”.
Así, el pliego que querían imponer dice que la Diputación sólo tiene un derecho “en precario sobre el Albergue” cuando ha sido la Diputación la que lo ha construido, lo ha pagado y lo mantiene, en virtud de una cesión de uso de la parcela donde se ubica; se atribuye la potestad de reclamar las instalaciones sin tener el deber de indemnizar a la Diputación por ello; exige que la Diputación les informe de las actividades que va a desarrollar en las instalaciones; y se atribuye la potestad del uso gratuito de las instalaciones con el simple hecho de comunicarlo con un mes de antelación. Algo que generaría una serie de trastornos muy graves y perjuicios económicos tanto para la Diputación, que realiza una programación anual del uso del Albergue, como para la empresa que lo gestiona.
Es, ante esta situación que “traspasa el límite de lo que se le pedía, y traiciona lo pactado en su día cuando se cedió el uso de esta finca, insistimos, en una operación en la que como contrapartida, la ciudad de Cuenca ganó el terreno donde hoy está la piscina Luis Ocaña”, cuando la Diputación ha salido en defensa de sus intereses, presentando ante la Consejería de Agricultura las correspondientes alegaciones en las que lo único que se pretende es dejar claro que la propiedad del monte no puede interferir en la propiedad de las instalaciones ni en el uso y gestión de las mismas, “simplemente porque ese no era el acuerdo original”.
Loeches ha remarcado que estas alegaciones cuentan con todos los informes necesarios tanto de los servicios de Medio Ambiente como de los Servicios Jurídicos y de la Secretaría General y son prácticamente idénticas a las que la Consejería de Empleo ha elevado contra las mismas pretensiones del Ayuntamiento, pero dirigidas al campamento de los Palancares, el cual quería controlar también a través de esta misma maniobra. Curiosamente, en el último tramo de este litigio, el Ayuntamiento ha desistido de su apetencia por los Palancares por lo que han prevalecido los intereses de la Consejería.
Lo que no se explica, ha concluido Luis Loeches, es que "ante un caso tan meridianamente claro, una diputada provincial que ha sido vicepresidenta de esta institución, no tenga empacho en aliarse con una persona que lo único que pretende es aprovecharse del esfuerzo de todos los ciudadanos de la provincia". Una situación, ha señalado, “que simplemente no podíamos tolerar. Así que hemos defendido los intereses de esta provincia, estamos orgullosos de haberlo hecho, como estamos avergonzados del papelón al que se ha prestado la señora Torralba”.
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