Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, quien ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado tres acuerdos transaccionales con el fin de “finalizar la situación judicial” mediante desestimiento de todos los recursos interpuestos durante la pasada legislatura por dichas contratistas contra la empresa pública GICAMAN.
Hernando ha recordado que estas empresas reclamaban 39 millones de euros pero que gracias a “la voluntad, las buenas formas y al trabajo sin descanso de este gobierno” se ha logrado un ahorro para el bolsillo de los castellano-manchegos de 25,1 millones de euros”.
Se cierra así otro de los muchos capítulos de impagos y deudas que había en la consejería de Fomento, aunque el Ejecutivo regional tendrá que desembolsar 13,9 millones de euros por la decisión del Gobierno saliente de paralizar dichas infraestructuras, lo que demuestra que esta actuación ha resultado al final más costosa que terminar las obras.