La implementación de la administración electrónica en las consejerías ha sido uno de los asuntos que han centrado la reunión de la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos (CAESTA), que se ha celebrado esta semana, presidida por la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas.
Durante la reunión también se ha puesto de manifiesto que el 43 por ciento de los procedimientos de la Administración regional se pueden iniciar de forma telemática, un total de 679, lo que supone que la práctica totalidad de estos procedimientos, 1.530, en concreto, se pueden iniciar o tramitar íntegramente de manera electrónica.
Según ha subrayado Cuevas, el objetivo es continuar trabajando en la incorporación de los procedimientos que a día de hoy no estén en un tramitador electrónico a los gestores de expedientes corporativos y generales.
La CAESTA también estudio la implementación del Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para el ejercicio 2017, que simplifica 43 procedimientos administrativos de todas las consejerías de la Administración regional, de los que se beneficiarán anualmente más de 460.000 ciudadanos y cerca de 15.000 entidades, entre empresas, cooperativas, asociaciones y ayuntamientos, entre otros.
En este sentido, Cuevas ha destacado que el avance de la evolución del plan 2017 es el adecuado, al tiempo que ha puesto de relieve que el impulso a la administración electrónica es uno de los compromisos del presidente regional, Emiliano García-Page, para la presente legislatura.
A través de la administración electrónica, el Gobierno regional pretende mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración regional, lo que permita mejorar y facilitar la relación con los ciudadanos, para hacerla más cercana y menos burocrática.
Durante el desarrollo de la reunión también se informó a la CAESTA, en su calidad de Comité de Seguridad de la Información, del estado de la seguridad de los sistema de información de la Junta de Comunidades, un asunto en el que se concluyó que el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica en comparación con otras administraciones públicas es alto.
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