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Castilla-La Mancha inicia la selección para cubrir 2.306 plazas públicas con récord de participación y enfoque inclusivo

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, informa de las fechas y lugares de los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público de administración general correspondientes a los años 2023 y 2024
Redacción | Lunes 09 de junio de 2025
El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia procesos selectivos para 2.306 plazas de empleo público, priorizando la inclusión social con 162 reservadas para personas con discapacidad. Con una participación récord de 65.098 aspirantes, las pruebas se realizarán entre 2025 y 2026, en el marco del III Plan de Impulso a los Servicios Públicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado inicio a los procesos selectivos para cubrir 2.306 plazas derivadas de las Ofertas de Empleo Público 2023-2024 de Administración General. Las bases de estas convocatorias, publicadas el pasado 18 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), contemplan un récord de participación y una apuesta firme por la inclusión social.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida de Toledo, acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez. El proceso de selección, que se estima concluirá en junio de 2026 con la toma de posesión de los aspirantes seleccionados, está dividido en pruebas de oposición y concurso de méritos.

Del total de plazas convocadas, 1.435 corresponden a personal funcionario y 871 a personal laboral. En línea con el compromiso del Ejecutivo regional con la inclusión, se han reservado 162 plazas (el siete por ciento) para personas con discapacidad, de las cuales 116 son para discapacidad general y 46 para discapacidad intelectual. Para estas últimas, se ha diseñado un proceso selectivo independiente con pruebas y temarios adaptados, conforme a la reciente modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, facilitando así su acceso a la función pública.

El consejero ha destacado que la participación ha sido elevada, con 65.098 personas admitidas, un 12% más que en convocatorias anteriores. Además, el 68% de los aspirantes son mujeres, representando un total de 44.411 candidatas, mientras que 20.687 son hombres. El 94% de los aspirantes residen en la comunidad autónoma.

Respecto a las adaptaciones por discapacidad, 842 personas han solicitado ayudas como ampliación de tiempo, aumento del tamaño de caracteres o eliminación de barreras físicas. Se contará también con intérpretes de Lengua de Signos y equipos informáticos adaptados para personas con discapacidad visual.

Dada la diversidad de categorías y especialidades, se han constituido 76 tribunales con 764 miembros, donde el 55% son mujeres, garantizando objetividad y transparencia en la selección.

Las pruebas se desarrollarán en 18 centros distribuidos por las cinco provincias de la región, movilizando cerca de 3.700 personas entre personal de apoyo, vigilancia y coordinación.

Las fechas concretas de los exámenes se publicarán el 10 de junio en el DOCM y el Portal del Empleado Público de la Junta. Se prevé que las primeras pruebas se celebren entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, comenzando por los procesos para personas con discapacidad intelectual y continuando con las distintas categorías de personal funcionario y laboral.

Finalmente, Ruiz Molina ha señalado que estos procesos forman parte del III Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2024-2027, que contempla la creación de 12.371 plazas de nuevo ingreso. Este esfuerzo, que cumple con los límites fijados por los Presupuestos Generales del Estado de 2023, continúa la política de estabilidad laboral y mejora del servicio público impulsada en la última década, con más de 30.000 plazas aprobadas y la previsión de superar las 40.000 antes de 2027.

El consejero ha subrayado que el objetivo último es “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha mediante la mejora de los servicios públicos, siendo los recursos humanos el principal activo para prestar estos servicios”.

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