La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha hecho público un informe que alerta sobre la preocupante escasez de fuentes de agua potable en los municipios españoles, especialmente en un contexto de altas temperaturas que están teniendo un impacto directo en la salud de la población. En este sentido, Cuenca destaca positivamente con una fuente por cada 396 habitantes, situándose muy por encima de la media nacional y mostrando una mejor cobertura que ciudades como Palma (una por cada 3.112 habitantes) o Girona (una por cada 4.012).
Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, 347 personas han fallecido en España en lo que va de año por causas relacionadas con el exceso de calor, de las cuales 330 murieron solo en el mes de junio. Un dato que pone en evidencia la gravedad del problema, especialmente entre personas mayores —el 97% de los fallecidos tenía más de 65 años— y mujeres, que representan el 63% de las muertes por calor.
Las personas más afectadas por estas temperaturas extremas son aquellas que trabajan al sol, quienes no tienen acceso a viviendas bien acondicionadas, o quienes por su nivel económico deben hacer un esfuerzo extra incluso para comprar agua embotellada. En este contexto, la disponibilidad de fuentes públicas de agua se convierte en una herramienta clave para la salud pública y la justicia social.
No obstante, el informe de CECU, titulado “Análisis de la presencia de baños públicos y fuentes de agua en los municipios españoles”, pone de manifiesto la gran desigualdad territorial en la prestación de este servicio. Murcia, por ejemplo, solo tiene una fuente por cada 3.026 habitantes, y en municipios turísticos como Gandía o Santanyí, la situación es aún más grave: hay una fuente para cada 6.240 o 7.800 personas, respectivamente, en pleno verano.
Ante esta realidad, CECU ha instado al Ministerio de Sanidad y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a aprobar una normativa estatal básica que obligue a los ayuntamientos a garantizar un número mínimo de fuentes y baños públicos por habitante. Esta regulación incluiría también criterios de distribución equitativa, accesibilidad e higiene.
“La protección de la ciudadanía no debe quedar al arbitrio de un determinado alcalde que, en muchos casos, prioriza la presencia de espacios privados como bares por encima de los derechos fundamentales de su ciudadanía”, ha declarado Miguel Crespo, abogado de CECU.
Desde CECU subrayan que la falta de información proporcionada por muchos consistorios —más de la mitad no han respondido a la solicitud de datos— refleja una preocupante falta de compromiso y transparencia por parte de los gobiernos locales.
En medio de esta disparidad, Cuenca se sitúa como un ejemplo de buena práctica, con una de las mejores ratios del país en cuanto a fuentes públicas. Desde organizaciones sociales y plataformas como CECU, se destaca la necesidad de extender este tipo de políticas a todos los municipios españoles para proteger a la población, especialmente en un momento en el que el calor extremo amenaza con convertirse en la nueva normalidad.
La Federación de Consumidores recuerda que el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la ONU y exige medidas urgentes para que no dependa del código postal en el que se resida.