Los funcionarios de prisiones de Cuenca han conseguido, por primera vez, que sus reivindicaciones sean trasladadas formalmente al Congreso de los Diputados, después de un año de retrasos en los compromisos adquiridos por el Gobierno. El Partido Popular ha sido la única formación que ha recogido sus demandas y se ha comprometido a impulsarlas en el ámbito parlamentario.
Representantes del colectivo penitenciario mantuvieron un encuentro con dirigentes del Partido Popular en el que expusieron la situación que atraviesan los funcionarios de prisiones en Cuenca, marcada —según denunciaron— por la falta de avances y el incumplimiento de los compromisos anunciados por el Ejecutivo socialista.
A la reunión asistieron el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del PP, José Antonio Martín-Buro; la diputada nacional y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez; y el diputado nacional Daniel Pérez Osma. El encuentro contó también con la participación de los dirigentes nacionales Miguel Tellado, Esther Muñoz y Ana Vázquez.
Bea Jiménez destacó que esta iniciativa ha permitido “dar voz por primera vez a los funcionarios de prisiones en el Congreso”, con el objetivo de promover reformas legales que mejoren sus condiciones laborales y refuercen su seguridad jurídica. Entre las principales reivindicaciones trasladadas se encuentra la creación de un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de su trabajo, así como el reconocimiento de su condición de Agentes de la Autoridad.
El colectivo reclama también que su profesión sea considerada de riesgo, la equiparación salarial con comunidades autónomas que tienen las competencias penitenciarias transferidas —como País Vasco y Cataluña— y una mayor protección legal ante el incremento de agresiones en los centros penitenciarios.
Durante el encuentro, Jiménez recordó que el pasado 9 de enero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales levantó la suspensión de la licitación de las obras pendientes, lo que permitiría su inicio entre los meses de febrero y marzo, con un plazo de ejecución de 16 meses. Sin embargo, según denunció, el Gobierno no ha comunicado ninguna fecha concreta para el comienzo de los trabajos, lo que mantiene a los funcionarios de prisiones de Cuenca sin unas instalaciones adecuadas para desarrollar su labor.
El Partido Popular mostró además su respaldo a la propuesta del sindicato “Tu Abandono Me Puede Matar” (TAMPM) para la creación de una residencia anexa al Centro de Estudios Penitenciarios. Según el colectivo, esta infraestructura permitiría disponer de un recurso integral de formación y alojamiento, reforzando el papel del centro como referente nacional en materia penitenciaria y mejorando la profesionalización del sector.
Jiménez subrayó que la iniciativa del PP persigue tres objetivos fundamentales: denunciar el abandono que, a su juicio, sufre el colectivo por parte del Gobierno; impulsar cambios legislativos que mejoren sus condiciones laborales y su protección jurídica; y dignificar una profesión clave para el funcionamiento del sistema penitenciario y la seguridad del Estado.
La diputada concluyó asegurando que el Partido Popular mantendrá su compromiso con los funcionarios de prisiones y continuará promoviendo en el Congreso las reformas necesarias para dar respuesta a sus demandas.