La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), fundada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, ha participado en Bruselas en un encuentro europeo sobre el “derecho a quedarse” en zonas rurales, donde ha defendido más empleo, infraestructuras e incentivos específicos para frenar la despoblación en provincias como Cuenca.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), impulsada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, ha participado de forma presencial el pasado 13 de febrero en Bruselas en el encuentro “Empoderando el futuro rural: el derecho a quedarse en zonas rurales”, celebrado en el Comité Europeo de las Regiones dentro del marco de la Demographic Change Regions Network (DCRN).
El evento, organizado por las oficinas de Bruselas de la Junta de Castilla y León, contó con la participación de la OCDE, la Comisión Europea y distintos representantes regionales. El objetivo fue analizar las barreras que empujan a la salida de población en zonas rurales y explorar las oportunidades vinculadas a la transición verde, la innovación y la digitalización.
La iniciativa del “derecho a quedarse” forma parte de la nueva estrategia de la Comisión Europea en el marco de la política de cohesión. Se trata de un enfoque que busca generar conciencia y promover soluciones frente a la despoblación que afecta a numerosos territorios rurales del continente.
Desde SSPA subrayan que este planteamiento cobra especial relevancia en provincias como Cuenca, Soria y Teruel, que han sufrido una intensa pérdida de población en las últimas décadas. Como ejemplo, recuerdan que el 52% de las personas nacidas en Soria residen actualmente fuera de la provincia.
En este contexto, la red defiende que la marcha de población no responde a una decisión voluntaria, sino a la falta de oportunidades reales en el territorio.
Para revertir esta tendencia, SSPA insiste en que el primer paso es garantizar empleo. Y para que haya empleo, señalan, es imprescindible contar con empresas. Esto requiere que el territorio resulte atractivo en su conjunto, con infraestructuras y servicios básicos del siglo XXI en materia de comunicaciones, transporte, conectividad y energía.
Asimismo, la red reclama que, frente a los polos industriales ya consolidados, se establezcan condiciones específicas que protejan a las zonas despobladas y eviten la fuga de empresas. Entre las medidas propuestas figuran ayudas eficaces e incentivos que compensen las desventajas estructurales permanentes y hagan viable la implantación y permanencia de proyectos empresariales en el medio rural.
Durante la jornada también se abordó la necesidad de reinvertir en los propios territorios los excedentes generados por la energía verde, en lugar de priorizar su exportación a otras zonas. Una reivindicación que SSPA ya trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante una carta.
Desde la red concluyen que la despoblación responde a un modelo territorial que, a su juicio, penaliza al medio rural y prioriza la inversión en áreas urbanas e industrialmente consolidadas. Por ello, entienden el “derecho a quedarse” como un trato equitativo entre territorios que permita crear oportunidades y retener población, garantizando que quienes nacen en estas provincias puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligados a marcharse.