El concejal popular Agustín Segarra ha denunciado el “inadmisible retraso” del Ayuntamiento en el cumplimiento de esta obligación legal recogida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyo plazo expiró oficialmente el 10 de abril de 2023.
“Nos encontramos ya en el ejercicio 2026 y no existe margen para seguir demorando el cumplimiento de una normativa estatal que busca, por encima de todo, proteger la salud de los conquenses”, afirmó Segarra.
El edil recordó además que el amianto es un material altamente nocivo relacionado con enfermedades respiratorias y oncológicas y señaló que todavía permanece presente en numerosos elementos urbanos de la capital, como cubiertas de fibrocemento, bajantes o depósitos.
Cuatro medidas concretas
La moción presentada por el Partido Popular plantea un paquete de cuatro acuerdos destinados a acelerar la identificación y retirada de este material.
En primer lugar, el grupo popular propone finalizar y aprobar el censo municipal en un plazo máximo de seis meses, incorporando además un calendario vinculante para la eliminación progresiva de las instalaciones afectadas.
Según explicó Segarra, este documento debería presentarse ante el Pleno municipal para identificar las infraestructuras con presencia de amianto y establecer prioridades de actuación en función del riesgo para la población.
La iniciativa también reclama la inclusión de una partida económica específica en el Presupuesto Municipal de 2026 destinada a ejecutar actuaciones urgentes en los emplazamientos considerados más críticos.
“Un censo sin dotación presupuestaria sería un mapa sin carreteras; señala el destino, pero impide avanzar”, aseguró el concejal popular.
Solicitud de financiación externa
Por último, el Grupo Municipal Popular insta al equipo de Gobierno encabezado por Darío Dolz a solicitar ayudas y financiación a otras administraciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Gobierno de España o la Unión Europea.
Segarra defendió que disponer de este censo es un requisito imprescindible para poder optar a fondos europeos destinados a la retirada de amianto y criticó que el Ayuntamiento pueda estar perdiendo oportunidades de financiación “por su propia inacción”.
El edil concluyó asegurando que se trata de una cuestión de salud pública que no admite más retrasos.