Cientos de personas participaron este domingo en una manifestación convocada por 46 colectivos vecinales en Cuenca para mostrar su rechazo a los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás y biometano que se encuentran en tramitación en Castilla-La Mancha.
Cientos de personas participaron este domingo en Cuenca en una manifestación convocada por 46 colectivos vecinales para mostrar su rechazo a los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás y biometano que se encuentran en tramitación o desarrollo en Castilla-La Mancha.
La protesta recorrió el casco antiguo de la capital conquense desde el barrio del Castillo hasta la Plaza Mayor, donde los asistentes protagonizaron diversas consignas contra el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno regional y reclamaron la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
La movilización coincidió con la celebración del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha en el Auditorio de Cuenca. Según los organizadores, la Subdelegación del Gobierno no autorizó que la marcha se aproximara a las inmediaciones de este espacio, por lo que el recorrido se desarrolló íntegramente por el Casco Antiguo.
Tras la finalización de la manifestación, los convocantes también denunciaron que agentes de la Policía Nacional impidieron el acceso a la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo a personas que portaban camisetas reivindicativas, mientras que sí se permitía la entrada de turistas.
Los colectivos participantes aseguran que se oponen al modelo de ganadería industrial que, a su juicio, genera importantes impactos sobre el agua, el suelo y la calidad del aire, además de no contribuir a fijar población en el medio rural y perjudicar a la ganadería tradicional.
Asimismo, mostraron su rechazo a las macroplantas de biometano proyectadas en distintos puntos de la región. Según sostienen, estas instalaciones tendrían unas dimensiones desproporcionadas y podrían recibir una media de 160.000 toneladas de residuos al año, principalmente purines, favoreciendo además la implantación de nuevas explotaciones ganaderas intensivas.
Los organizadores recordaron que actualmente existen 68 proyectos de plantas de biometano en tramitación en Castilla-La Mancha y señalaron que las cuatro instalaciones de biogás que ya funcionan en la comunidad han generado quejas vecinales e incidencias en los municipios donde se ubican.
Durante la protesta, los colectivos vecinales criticaron también el futuro Plan Regional de Biometanización promovido por la Junta de Comunidades. Según denunciaron, este documento se habría elaborado sin contar con la participación de la ciudadanía y respondería principalmente a los intereses del sector gasista. Además, consideran que el plan no establece límites suficientes respecto al tamaño de las instalaciones ni al origen de los residuos que podrán gestionar.
Las plataformas ciudadanas mostraron igualmente su preocupación por la reactivación de numerosos proyectos de ganadería intensiva cuya tramitación permanecía paralizada durante la moratoria aprobada por el Gobierno regional. Según sus datos, actualmente se han retomado 61 proyectos de construcción o ampliación de explotaciones porcinas en 43 municipios de Castilla-La Mancha, que supondrían un incremento de más de 362.000 cabezas de ganado porcino, cerca de un 19 por ciento más respecto al censo actual.
Entre los ejemplos citados por los convocantes figura el proyecto para la construcción de una explotación avícola de casi un millón de gallinas en San Clemente, que, según indicaron, será la mayor de España y utilizará recursos procedentes de un acuífero declarado sobreexplotado.
Otro de los argumentos esgrimidos por los manifestantes fue la situación de la contaminación por nitratos en Castilla-La Mancha. Los colectivos señalaron que el 47 por ciento de la superficie regional está catalogada como zona vulnerable a nitratos y advirtieron de los problemas de calidad del agua existentes en numerosos municipios.
Los convocantes concluyeron defendiendo un modelo de desarrollo rural que preserve los recursos naturales y rechazando que los municipios de Castilla-La Mancha se conviertan, según expresaron, en receptores de residuos e instalaciones industriales que generan rechazo en otros territorios.