Al igual que ocurriera con el colectivo de técnicos de archivos municipales el sindicato Comisiones Obreras está muy vigilante ante las informaciones que le están trasladando afiliados que trabajan en bibliotecas públicas municipales y que ha sido comprobado por las Asociaciones de Bibliotecarios del comienzo de ajustes en las condiciones laborales de estos profesionales en algunos ayuntamientos de la región.
Así, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO se constata que “se están planteando reducciones de jornada que rozan incluso la ilegalidad y que podrían poner en peligro la prestación mínima del servicio de atención al público y ya no digamos el derecho de los ciudadanos a la información, o la imposibilidad de desarrollar programas de fomento de la lectura para grupos de usuarios tan especiales como personas mayores o niños en edad escolar”, ha manifestado Higinia López, Coordinadora regional de Administración Local de la FSC de CCOO-Castilla-La Mancha.
“Para CCOO no es nunca una excusa la situación precaria de las finanzas locales para empezar a aplicar recortes en general entre los empleados públicos, sobre todo con contratos temporales, y que parecen están teniendo como primeros objetivos los profesionales de los ámbitos culturales como son los bibliotecarios”, dijo la portavoz de FSC, quien añadió que “Entendemos que en algunos Ayuntamientos el estado de la hacienda local pasa por verdaderos apuros, en muchos casos heredada de los anteriores gestores, pero no es óbice para ir señalando “víctimas” entre los trabajadores sin antes tener un criterio planificado de racionalizar el gasto de manera general en todos los campos de actuación de una entidad local. Pero estamos seguros que hay campo abonado para recortar en gastos superfluos y en gastos no tan necesarios como puede es el mantenimiento del servicio público de una biblioteca”, remarcó Higinia López.
Desde la FSC de CCOO se va a estar vigilante a cualquier noticia que sigan recibiendo sobre este sector de trabajadores de la administración local para actuar en consecuencia y poder dar el apoyo y asesoramiento jurídico necesario para evitar que las cosas se hagan por la puerta de atrás y poniendo en riesgo el futuro de un ámbito laboral y de servicio público tan necesario en toda la región y fundamentalmente en los pueblos medianos y pequeños que son la mayoría en Castilla-La Mancha.
Han recordado desde la FSC algunos de los motivos y objetivos que aparecen y se marcaron en la nueva Ley de la Lectura y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, que entró en vigor hace escasos meses y que se pueden ir al traste si no se asegura el futuro laboral de los cientos de bibliotecarios y bibliotecarias que desarrollan su trabajo por toda la región.
Así la citada normativa, Ley 3/2011, de 24 de febrero, recogía lo que define como un Pacto Social por la Lectura o el Mapa de Bibliotecas, grandes objetivos que pueden ponerse en riesgo si se ve recortada de manera sensible la financiación de los mismos.
También apelaron desde CCOO a lo que marcaba la citada ley sobre la competencia de los municipios (articulo 19) a los que corresponde la creación, organización y sostenimiento de las bibliotecas de titularidad municipal, o la competencia de la Junta de Comunidades de “Apoyar la financiación de la construcción, equipamiento y mantenimiento de los servicios de las bibliotecas de titularidad municipal y uso público general” (artículo 21 j). Financiación que se debe de concretar entre las administraciones local y autonómica a través de la suscripción de los correspondientes convenios y que hasta la fecha no han sido publicados ni convocados en el DOCM.