La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha celebrado esta mañana una sesión ordinaria en la que han acordado autorizar la puesta en servicio de la carretra nº 60 CUV-9031 Cañamares-Fuentescusa-Poyatos-Masegosa. La autorización para su puesta en servicio de esta vía, inscrita dentro del Plan Provincial de Carreteras, se concede una vez que los técnicos de la Diputación Provincial han dictaminado que “es apta para su puesta en servicio” y tras comprobar que se han subsanado los “defectos constructivos graves” reseñados por los mismos servicios técnicos en un informe emitido el pasado 11 de mayo.
La Junta de Gobierno también ha sido informada de la situación de las obras de construcción de la Residencia de Mayores de Beteta, paralizadas en estos momentos. Según el Informe del Servicio de Planificación y contratación, las obras han tenido que ser paradas para realizar una tercera modificación del proyecto original. Cabe recordar que con fecha de 31 de octubre de 2007 se procedió a formalizar el contrato para la construcción de esta Residencia, con un plazo de ejecución de 26 meses y un presupuesto de 5.570.000 euros que, según el convenio suscrito entre ambas instituciones, cofinancian la Junta de Comunidades, administración competente en los Servicios Sociales, a través de la Consejería de Salud y Bienestar Social, con un 60 por ciento y la Diputación Provincial con el 40 por ciento restante.
A día de hoy el proyecto acumula un considerable retraso debido a las distintas paralizaciones a las que se ha visto sometida la obra para subsanar deficiencias detectadas en el proyecto original. Con esta tercera modificación, pendiente todavía de aprobación, “se pretende alcanzar una solución a la instalación de climatización/calefacción que cumpla con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”, así como mejoras “necesarias” en el funcionamiento de la instalación eléctrica proyectada, ampliar el vestuario femenino y asumir “excesos de obra” realizados. Esta modificación supondría un incremento en el presupuesto de 805,930,86 euros y debería financiarse, según ha puesto de relieve la intervención, respetando los porcentajes asumidos por la Consejería y la Diputación Provincial, lo que debe plasmarse en una ‘adenda’ al convenio suscrito entre ambas administraciones.