Provincia

ACOIN confía en poder realizar los cursos que permitan manipular gases fluorados

Redacción | Jueves 20 de octubre de 2011

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca, ACOIN, ha analizado en Junta Directiva las últimas reuniones institucionales a las que acudió su presidente, Andrés Salcedo, con el fin de que empresarios y trabajadores consigan el certificado de actividades de instalación, mantenimiento, carga y recuperación y manipulación de determinados gases fluorados.

En este sentido, Salcedo, mantuvo sendos encuentros con el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Rogelio Pardo, y con el Director General de Industria, Energía y Minas, Alfonso Vázquez Varela de Seijas en las que trasladó la necesidad de poder contar con cursos que otorguen esta titulación para así continuar realizando su trabajo y cumplir con la legalidad.





Así, una vez analizados estas reuniones, la Junta Directiva de ACOIN confía en una pronta recuperación de este problema y que cuanto antes se puedan realizar las acciones formativas pertinentes con el fin de que las empresas del sector puedan realizar estos trabajos con todas las garantías.

 

Intrusismo

Nuevamente la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca ha detectado nuevos casos de intrusismo, sobre todo en el sector de la fontanería, donde los trabajos ilegales han crecido debido a que no es obligatorio que estas personas tengan que presentar certificados o memorias ante la administración.

Por eso, desde ACOIN se recuerda a los consumidores que deben pedir siempre factura a sus instaladores, puesto que así estarán seguros de que tienen una garantía de los trabajos realizados y de que se han cumplido con todos los requisitos de seguridad, tan importantes en instalaciones de este tipo para la salud de las personas.

Por este motivo, nuevamente esta organización sectorial se ofrece para colaborar en la redacción de la Ley de Seguridad Industrial de Castilla-La Mancha en la que esperan que se regule la obligatoriedad de la inspección de las instalaciones con el objetivo de que haya mayor seguridad para consumidores y usuarios y a la vez se permita la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.