El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha afirmado que “el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha era una institución absolutamente prescindible en unos momentos de dificultad como estos, porque duplica las funciones del Defensor del Pueblo estatal”.
Asimismo, Labrador ha asegurado que “los ciudadanos de Castilla-La Mancha no verán mermados sus derechos ni un ápice porque podrán acudir al Defensor del Pueblo Estatal y estarán completamente protegidos y amparados”.
El consejero, que se ha pronunciado así durante el debate y votación de la Ley de Supresión del Pueblo de Castilla-La Mancha, ha destacado la diferencia de costes entre la institución autonómica y la nacional.
Así, Labrador ha apuntado que mientras el Defensor del Pueblo estatal cuesta 32 céntimos a cada ciudadano de España, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha costado 1,43 euros a cada castellano-manchego, es decir, cinco veces más.
En este sentido, Labrador ha subrayado, además, que casi el 10% de quejas que recibió el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha las remitió al Defensor del Pueblo estatal con lo cual cada queja tramitada en la región ha salido casi ocho veces más cara.
Ante estas cifras, Labrador ha afirmado que “está mejor el dinero para realizar políticas activas de empleo que para duplicar instituciones” al tiempo que ha recordado que el 22 de mayo “los ciudadanos optaron por reducir el excesivo gasto público que realizaba el PSOE y por mejorar la situación económica en Castilla-La Mancha”.
Por otra parte, Labrador ha recordado que el Gobierno ha respetado todas las formas y requisitos legales en la tramitación de este proyecto de ley a diferencia del PSOE a quien el Consejo Consultivo les dijo cuando se creó la figura del Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha que no podía valorar la ley porque esta carecía de la memoria, los informes y a las argumentaciones sobre la viabilidad de la norma.
Labrador ha señalado además, que el Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha rompió el consenso y se creó 20 años después de que naciera el Estatuto de Autonomía al tiempo que ha subrayado que otras comunidades como Extremadura, Baleares, Madrid y Cantabria no existe esta figura.
Herencia envenenada
Labrador se ha referido además a la difícil situación económica que atraviesa Castilla-La Mancha. A su juicio, la realidad social de la región responde al “desastre económico que han dejado los socialistas, una herencia envenenada de más de 167.000 facturas sin pagar y más de 10.500 millones de euros de deuda”.
Por ello, Labrador ha instado al PSOE, “un partido sin cabeza”, a su juicio, porque el secretario general del partido defiende unas cosas, el presidente otra y el portavoz parlamentario dice otras, a “hacer gala de la responsabilidad que no tuvieron cuando gobernaban y a comportarse como los ciudadanos esperan”.