Desde UPyD denuncian los recortes sociales que la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, está llevando a cabo contra los ciudadanos castellano manchegos. En concreto esta vez, los perjudicados han sido una vez más los jóvenes.
Se ha publicado en el DOCM, la Orden de 12/12/2011 de las Consejerías de Fomento y de Empleo y Portavoz del gobierno, por la que se deroga la Orden sobre ayudas a los jóvenes, consistente en la reducción del 50% en el precio del billete en los viajes de los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, lo que a efectos prácticos significa que a partir del 1 de enero desaparecerá este carnet.
La supresión de esta ayuda del Carnet Joven perjudicará a los menores de 26 años de la comunidad castellano manchega, que ya se ven afectados por elevadísimas cotas de desempleo y la carencia de recursos económicos, que además ahora como consecuencia de esta medida tendrán que pagar un 50% más por sus billetes de autobús.
El PP por su parte no ha salido a dar declaración sobre este tema.
¿Qué conllevará esta medida?
1- En primer lugar afecta al turismo Joven intrarregional, el cual supone gran porcentaje del turismo del que se beneficia nuestra Comunidad Autónoma.
2- Al dificultarse económicamente el desplazamiento por carretera en transporte público, éste ya no saldrá rentable para los jóvenes manchegos ,lo que incrementará el desplazamiento en vehículos particulares.
3- El punto 2 viola las consideraciones medioambientales impuestas por los protocolos sobre emisión de gases de efecto invernadero, debido a que desincentiva el uso del transporte en autobús, favoreciendo el incremento del desplazamiento en vehículo particular y por tanto el incremento de
gases nocivos.
4- Afecta a los estudiantes universitarios que residen muy lejos de su hogar, los cuales se desplazan cada semana o cada dos semanas a su hogar familiar y se verán obligados a pagar el doble por el desplazamiento.
5- Los trabajadores con los sueldos más bajos y desempleados, que no se pueden permitir la compra de un vehículo, se verán también obligados a pagar el doble por los desplazamientos, con el considerable perjuicio que les causará en sus economías.
6- Los parados jóvenes menores de 26 años que se desplacen para buscar empleo a otras ciudades verán reducidas sus posibilidades de buscar y encontrar empleo. Este colectivo ya ha sido muy afectado por la crisis, con una tasa de desempleo que llega al 43,1% (el cual recordemos que no es
solo de personas sin estudios ni cualificación profesional, sino también de titulados universitarios que no encuentran trabajo). Esto además puede ocasionar una “fuga de cerebros” a otras comunidade o al extranjero.
7-Aislamiento de ciudades sin ferrocarril. En caso de eliminar esta ayuda, los precios de ferrocarril se mantendrán y podrán resultar hasta más económicos. Pero económicos para los jóvenes que vivan en ciudades que estén integradas en las líneas de ferrocarril. ¿Pero y las ciudades que se encuentren a más de 30km de una línea de ferrocarril?, el coste del desplazamiento no es el del billete del tren sino también hay que sumarle el gasto de desplazamiento por carretera de ida y vuelta a la ciudad con estación de ferrocarril.
Con lo cual se mire por donde se mire, son perjuicios para los jóvenes y/o sus familias. Recordemos que el carnet joven, tiene como ventajas:
Descuento en transportes (50% por carretera y 30% en ferrocarril), alojamiento, culturales, compras, cines etc. , señalemos que hasta el momento se han suprimido sólo los desplazamiento por carretera. El carnet joven da derecho también a un seguro de viajes que cubre al titular a partir de
los 25 km. de su domicilio habitual.
UPyD propone que antes de que se les recorten derechos sociales y beneficios a los ciudadanos, se puede ahorrar de otras partidas superfluas, pero el gobierno de Cospedal parece no tener intención de disminuirlas, y prefiere que paguen los ciudadanos antes que eliminar privilegios políticos como:
- Reducción de vehículos oficiales
- Reducción de los salarios de su gobierno a no más de 30.000€ anuales.
- Reducción de consejerías y de sueldos de consejeros
- Reducción de asesores y de sueldos de asesores
- Reducción de empresas públicas
Además de otras medidas que UPyD lleva pidiendo desde su fundación a nivel nacional como:
- Supresión de las Diputaciones provinciales
- Eliminación de duplicidades
Para UPyD ya son bastantes las manifestaciones en torno a las “políticas de ajuste o sostenibilidad presupuestaria” implementadas por el gobierno de Castilla-La Mancha. Manifestaciones coherentes con uno de los principales ejes de actuación y reivindicación de UPyD: el de forzar el desarrollo de una administración eficiente y eficaz en la gestión de “lo público”, una “cosa pública” que se desentienda de privilegios y de actuaciones presupuestarias que atentan contra el interés general.
En este sentido, la supresión del Carnet Joven en Castilla La Mancha confirma la condenable existencia de un gobierno “al servicio de la contradicción”. Contradicción en tanto que mientras los ciudadanos son sujetos pasivos de la emergencia de reajustes de cuentas, subidas de impuestos, y de reducción o eliminación de servicios sociales/públicos, no se produce la conveniente y necesaria desaparición de duplicidades de cargos/sueldos, puestos de libre designación, gastos de representación y dietas, etc.
El medio de transporte por autobús caería en desuso y como consecuencia muchas líneas de autobús no serían rentables si la gente no las usa y se romperían puestos de trabajo de conductor de autobuses. Si desaparecen líneas de autobuses que ahora se usan, nos quitarían la posibilidad de desplazamiento a ciertas ciudades, recordemos que no todas las poblaciones disponen de servicio férreo.
Creemos que la generación menor de 26 no es la que debe pagar parte de la crisis, porque no han sido los culpables de ella.
Por todo ello, desde UPyD sostenemos que la adecuación de los poderes públicos a las circunstancias económicas actuales no pasa por la supresión de servicios públicos sino por la asunción de medidas de austeridad que, además de erigir a los políticos como nobles gestores de “lo público”, permitan que determinados fondos provenientes de privilegios o comodidades administrativas sean destinados a la salvaguarda y mantenimiento del bienestar ciudadano.