Martínez Guijarro destacó que se abrirá un debate sobre la situación “especialmente delicada” que viven los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. “Muchos están a punto de empezar a presentar EREs para suprimir puestos de trabajo” debido, no sólo a que el Gobierno regional no les paga lo que les debe, sino a que “no tienen garantizada la financiación de los servicios que se están prestando”.
El secretario provincial del PSOE en Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, aseguró hoy que nuestra “está siendo especialmente castigada por las decisiones del Gobierno de Cospedal” en materia de sanidad, educación o servicios sociales.
Una afirmación que, a su juicio, corrobora el hecho de que las mitad de los colegios rurales cerrados por la Junta en toda la región estén en la provincia de Cuenca; el “desmantelamiento” del hospital de Cuenca, que comenzará octubre con un centenar de profesionales sanitarios menos, dos plantas cerradas y terceras camas en habitaciones; o la “espada de Damocles” sobre las urgencias de varios centro de salud en nuestra provincia.
Martínez Guijarro, que presidió esta tarde la reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE, subrayó que los recortes de Cospedal, lejos de resolver la situación, están haciendo que “cada vez haya más ciudadanos en el paro y la calidad de los servicios esté disminuyendo”.
Para analizar todos estos asuntos, avanzó que el PSOE celebrará el primer Comité Provincial Ordinario de este nuevo período el próximo 21 de octubre. “Vamos a seguir trabajando escuchando a los ciudadanos de la provincia, para poder trasladar sus preocupaciones a las distintas instituciones, que giran en torno a la situación de los servicios públicos”, añadió.
Una situación “especialmente delicada”
Del mismo modo, el secretario general de los socialistas conquenses destacó que se abrirá un debate sobre la situación “especialmente delicada” que viven los ayuntamientos de la provincia de Cuenca. “Están al borde de la quiebra por la falta de pago del Gobierno de Cospedal”, insistió.
De hecho, Martínez Guijarro subrayó que “muchos de ellos están a punto de empezar a presentar Expedientes de Regulación de Empleo para suprimir puestos de trabajo” debido, no sólo a que el Gobierno regional no les paga lo que les debe, sino a que “no tienen garantizada la financiación de los servicios que están prestando”.