El Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto confirmo esta mañana en un desayuno informativo con los distintos medios de comunicación de la provincia que la Diputación que el preide tendrá que devolver 6.887.832 euros al Gobierno Central ante la cancelación de dicho proyecto por parte de la actual corporación provincial.
De los 6.887.832 euros que la Diputación tiene que devolver al Gobierno por la cancelación del proyecto ICDEA se divide en dos partidas, la primera de ellas la subvención de 1.163.843,40 euros, y la segunda al crédito de 4.551.844,10 euros y los intereses acumulados desde la fecha de concesión de ambos, en diciembre del año 2008.
Prieto ha confirmado que la devolución deberá acometerse de manera inmediata lo que va a suponer un serio revés a la tesorería de la institución.
Según ha recordado Prieto, el Equipo de Gobierno que él dirige decidió renunciar al proyecto ICDEA en otoño del año pasado, tras comprobar que resultaba imposible iniciar las obras, tal y como fijaba la última prorroga del Ministerio, antes del 31 de diciembre. Esta imposibilidad obedecía a que no existía ni disponibilidad de los terrenos donde debía ser construido el edificio, ni disponibilidad económica dada la situación de endeudamiento en la que se encontraba la Diputación y el alto déficit que suponía, en el momento de su toma de posesión, un gasto por encima de los ingresos de 1.500.000 euros al mes. Ante este panorama y habida cuenta de que ya se habían solicitado dos prorrogas para la ejecución de este proyecto desde el año 2008 y no había posibilidad de solicitar una tercera, el actual Equipo de Gobierno decidió cancelar el proyecto para evitar males mayores.
Prieto ha recordado que la historia del ICDEA se remonta al año 2008, cuando se conceden la subvención y el crédito para acometer este proyecto, para el que estaba previsto un calendario que obligaba a invertir en él más de 3.500.000 euros en el año 2009 y algo más de 2.000.000 en 2010. Sin embargo no fue hasta la primavera de 2011, con la legislatura ya concluida y con Juan Ávila como presidente en funciones, cuando se produce la adjudicación de las obras con el agravante de que en la propia acta de replanteo realizada el 14 de julio de 2011, se pone de manifiesto la nula disponibilidad de los terrenos destinados a esta infraestructura, toda vez que la Junta, a la que Diputación había cedido una parte para realizar el Hospital, todavía no había urbanizado la parcela.
En este ambiente y con los plazos ya prácticamente vencidos, Prieto ha circunscrito la necesidad de cancelar un proyecto que, en su opinión, fracasó por “la falta de previsión y la manera de hacer las cosas de Ávila y Torralba” que lo acometieron sin tener en cuenta el “impacto económico” y los riesgos que comportaba para la provincia.
El presidente ha explicado también que desde enero el Ministerio había pedido la devolución de la subvención, el préstamo y los intereses de demora, pero que la Diputación ha tratado de presentar alegaciones para que se pudieran dar por justificadas las cantidades que sí obedecen a inversiones realizadas en torno al proyecto, tales como los gastos de presentación, difusión y propaganda que sí se hicieron.
Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada por el Ministerio ya que entiende que tanto la subvención como el crédito estaban sujetos, de manera integra, a la finalización del proyecto.