Es difícil valorar la segunda versión de la nueva Ley de Educación del Ministro Wert sin evocar sus constantes frivolidades y salidas de tono. Más allá de su contenido educativo, hacemos una lectura en clave política porque políticas, y muy regresivas, son las propuestas que en ella se contienen. La Ley tiene un marcado carácter neoconservador y supone una clara involución en nuestro sistema educativo que tan necesitado está de medidas que fomenten la innovación, la creatividad y el sentido crítico, la investigación, la eficacia; un sistema necesitado de inteligencia, capacidad de diálogo, de consenso; de que entendamos que la educación es la clave de nuestro futuro, de nuestro desarrollo, de nuestra convivencia. Pero, por el contrario, esta Ley va en sentido opuesto, es una clara vuelta al pasado, a un pasado preconstitucional.
La Ley tiene una oscura intencionalidad provocadora, como para romper la cohesión de la sociedad española y los equilibrios sociales y lingüísticos difícilmente construidos. Es una Ley disgregadora que pretende acabar con la igualdad efectiva de oportunidades del alumnado mediante itinerarios y evaluaciones externas, una Ley que clasifica al alumnado en bloques claramente diferenciados, los que estudian valores y los que estudian religión, los que reciben enseñanzas académicas, futuros dirigentes del país y los de Formación Profesional, la mano de obra, y finalmente los que estudian en centros de calidad y excelencia reconocida, con especialización curricular, presumiblemente privados y concertados, frente a los que se escolarizan en centros públicos situados en los barrios más humildes de las ciudades y en el medio rural.
Esta Ley recoge y extiende las exigencias que desde siempre ha venido haciendo la Conferencia Episcopal para potenciar la enseñanza de la religión (católica), así como su alternativa, al tiempo que suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que era la verdadera garante de la enseñanza de los valores universales, esos valores que deben ser compartidos por toda la sociedad: libertad, igualdad, convivencia, democracia, cooperación, solidaridad, interculturalidad, sostenibilidad… y que deben estar presentes en el curriculum de todos los escolares españoles.
Bajo el paraguas de la autonomía de los centros, la Ley promueve medidas discriminatorias de unos centros sobre otros y profesionaliza la función directiva haciendo de los directores otro eslabón de la jerarquía administrativa en vez de un líder pedagógico.
Por otra parte, la Ley recoge la reivindicación, tanto de la patronal de la enseñanza concertada como de los sectores más elitistas de la sociedad, de un sistema de admisión de libre elección de centro y la zona única de escolarización, que junto con las restantes medidas selectivas de especialización curricular de los centros escolares, la publicación de listados de centros ordenados en función de los resultados obtenidos en las diferentes reválidas y la asignación de recursos a los centros en función de esos resultados, permitirá que, en vez de la libre elección de centro, se produzca una libre elección de alumnado.
La Ley propone aumentar automáticamente la duración de los conciertos educativos, lo que supondrá un incremento de unidades concertadas en los centros más solicitados. En un momento en el que la escuela pública está siendo objeto de unos recortes sangrantes en cuanto a profesorado, recursos materiales y grupos escolares, muy especialmente en el medio rural, resulta especialmente doloroso, cuando no escandaloso, que se aumenten las partidas presupuestarias destinadas a los conciertos educativos.
En definitiva, esta Ley potencia la disgregación académica, ética y escolar; abrirá o cerrará a los alumnos la posibilidad de seguir estudiando y creará un modelo educativo jerarquizado, sometido al peso de la gestión y alejado de la realidad de su contexto; propiciará una doble red de centros elitistas y populares. Por ello, desde el PSOE pedimos al ministro que la retire y que se retire.
Julia Cano Real
SECRETARIA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL PSOE DE CUENCA