El concejal de Promoción Económica, Enrique Hernández, ha reiterado hoy que el cambio de gestión del servicio municipal de aguas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuenca “no exige aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, siendo el pleno municipal el órgano con la facultad para determinar la forma en que gestiona sus servicios municipales, incluido el del agua”.
Según Hernández, “la Comunidad Autónoma únicamente tendría algo que decir si se iniciara la prestación de un servicio, pero ese no es el caso pues el Ayuntamiento de Cuenca ya venía prestando este servicio y seguirá haciendo mediante una empresa pública, que es una fórmula de gestión directa”.
El concejal no entiende como “ante algo tan sumamente evidente, el delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, Rogelio Pardo, ha dado un patinazo de tales dimensiones”.
Considera además que la actitud de la Junta de Comunidades “supone un ataque a la autonomía municipal” y ha reiterado que el Equipo de Gobierno “dispone de informes jurídicos que respaldan su postura”.
Un intento de “torpedear” el proyecto
Hernández observa en la forma de proceder de la Junta “un claro intento de torpedear un proceso que es beneficioso para el Ayuntamiento y la ciudad de Cuenca”, y ha pedido a esta institución que “se centre en los asuntos que son de su competencia y que preocupan a los conquenses”. En este punto, ha puesto como ejemplo la “deuda monstruosa” que la JCCM mantiene con el Consistorio, los servicios básicos que se están dejando de prestar a los ciudadanos de la capital, proyectos en espera de una solución como el IES Alfonso VIII y el aparcamiento de Astrana Marín, o el desempleo, recordando que la JCCM ha denegado al Ayuntamiento de Cuenca dos talleres de empleo con los que se iba a emplear a medio centenar de personas.
“La JCCM tiene suficiente trabajo como para centrarse en él y dejar al Ayuntamiento hacer el suyo”, ha señalado Hernández, que asegura que el Ayuntamiento ha llevado a cabo un procedimiento “público y transparente en el que la Junta no la alegado nada, excepto las disertaciones erróneas de un representante, supuestamente técnico, en el Consejo Social de la ciudad”.