Tras su estudio por el consejo de ministros que tuvo lugar el pasado viernes de un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el responsable provincial del sector de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Angel Luis Castellano Bobillo, ha realizado una primera valoración en la que ha dejado claro que su sindicato va a defender que cualquier reforma que se proponga tiene que garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Aunque la atención mediática se ha volcado con las remuneraciones y el número de concejales liberados, para la FSC es mucho más importante fijarse en el marco competencial que se incluye en este anteproyecto y que recoge que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas. Se establecería un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. Y en el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
CCOO ha expuesto sus dudas ante la aplicación de esta modalidad, así como de la dificultad de buscar financiación para compensar los servicios que se prestan en la actualidad y la posibilidad de que desaparezcan algunos servicios y empleos públicos.
“Ni la deuda, poco más del 5% del total de la deuda pública, ni el déficit (0,3%) de los Ayuntamientos, que solo asumen y gestionan el 13% del gasto total de las administraciones públicas españolas justifican una reforma que puede suponer que la ciudadanía de nuestros pueblos acabe pagando las consecuencias de una crisis cuya solución debe pasar por otras alternativas y no por el debilitamiento de los servicios públicos de los que se benefician las capas más desfavorecidas de la población”, declaró Bobillo.
“No hay que perder de vista la realidad de la administración local en la región con más de 900 municipios, 238 en Cuenca, de los que 201 son menores de 1.000 habitantes y 30 más tienen entre 1.000 y 5.000. Y más de 4.700 empleados públicos en un sector que representa casi el 32% del empleo de todas las administraciones públicas de la provincia”, describió el portavoz de la FSC CCOO.
“Con esta estructura de Ayuntamientos, más 46 Mancomunidades y la Diputación es necesario conocer cómo se va a desarrollar esta propuesta y evitar que las necesarias reestructuraciones que se produzcan no destruyan más puestos de trabajo, se mantengan los niveles de calidad de los servicios públicos y se eviten más privatizaciones”, afirmó el portavoz del sector de la Administración Local de la FSC CCOO.
Desde la FSC CCOO siguen esperando que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha responda a su solicitud para mantener una reunión para analizar, entre otros asuntos importantes, esta reforma de la administración local.