El CADI CRISOL, es un centro de discapacitados intelectuales de la capital conquense que está financiado con fondos públicos. Hasta el pasado 16 de marzo estaba siendo gestionado por las empresas: ALBIE, CLECE, CAPIO e ÍNTEGRA. A partir de esta fecha, la empresa EULEN ha subrogado todos los servicios de estas cuatro empresas. Según David García Serrano, secretario general de la FECCOO de Cuenca, la empresa EULEN se hizo con estos servicios, a sabiendas de la repercusión negativa que tendría esta nueva gestión en los contratos de los trabajadores “dicen que hay que echar a gente porque no hay presupuesto para mantener a los trabajadores, cuando la razón principal de la falta de presupuesto, es que EULEN realizó una oferta temeraria a la baja para quedarse con los servicios de las anteriores empresas gestoras”, apuntó García.
Hasta el pasado sábado, Íntegra (una de las cuatro empresas que gestionaba el CADI CRISOL), era un Centro Especial de Empleo que se dedicaba a integrar dentro del ámbito laboral a personas con una discapacidad que superase el 33%. Actualmente, los siete trabajadores han sido despedidos por EULEN, sin que la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha, haya dicho ni hecho nada para remediarlo, lo que dice mucho de la sensibilidad que el Gobierno de Cospedal muestra por estos colectivos de discapacitados.
Según Pedro Lúcas Bermúdez, Secretario General de CCOO en Cuenca, lo peor de todo, es que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha permitido que esta situación se produzca con dinero público, con conocimiento de causa y sin tener en cuenta que los usuarios son discapacitados intelectuales “La Junta de Comunidades y la empresa EULEN, están viendo a los usuarios como un producto y como un beneficio económico” apuntó Lúcas.
Según la presidenta del comité, María Pilar Chicano Olmo, EULEN no ha seguido el protocolo correspondiente y no ha convocado al comité para negociar la nueva situación laboral. Lo que sí han hecho representantes de esta empresa, es convocar una reunión informal con los trabajadores, amenazándoles con despedir a 8 empleados si no aceptaban rechazar el complemento personal, que llevan percibiendo desde el principio, y que es parte integrante del salario que establece el convenio (entre 150 y 160 euros menos mensuales).