La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Carmen Torralba, pidió hoy a los máximos responsables de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, y de la Institución Provincial, Benjamín Prieto, que “no abandonen” el resto de yacimientos arqueológicos y centros de interpretación de la provincia de Cuenca.
Torralba, que insistió en que están a favor de que la Diputación se haga cargo del Parque Arqueológico de Segóbriga, después de que el Gobierno de Cospedal decidiera cerrar sus puertas para cambiar el modelo de gestión, recordó la importancia del sector turístico en nuestra provincia y “la necesidad de poner en valor nuestro patrimonio cultural”.
En este punto, reclamó “el mismo espíritu de entendimiento y colaboración” para que recursos como Ercávica, Valeria o los Centros de Interpretación de la Serranía de Cuenca –una zona esta última en la que el turismo es esencial- no queden “en el olvido”.
A modo de ejemplo, mencionó que el Gobierno de Cospedal mantiene cerrados los centros de interpretación de Uña, Valdemeca y Tragacete.
Ni un euro del Gobierno regional
La portavoz socialista señaló que su Grupo tiene algunas dudas respecto al convenio suscrito hoy entre el Gobierno regional y la Diputación provincial, puesto que el Informe de Explotación contempla una previsión de gastos “insuficiente”, mientras que la de ingresos está “inflada”. Por ello, pedían que dicho convenio incluyera una cláusula en la que se ponga de manifiesto que la Junta haría frente económicamente a los problemas que se puedan derivar de la gestión del Parque.
De hecho, el Art. 67.3 del RDL 781/1986 de 18 de abril dice que ‘La delegación podrá acordarse en favor de una o de varias Entidades Locales vinculadas entre sí, siempre que éstas cuenten con los medios técnicos y de gestión convenientes y que sean cedidos los necesarios medios financieros’. Sin embargo, el Gobierno regional no aportará ni un solo euro.
Además, de los informes de Secretaría General y de la Intervención de fondos se concluye que la gestión no podría ser directa puesto que la Diputación carece del personal necesario y la Ley Presupuestaria de 2013 le impide contratarlo, por lo que “sólo queda la externalización o privatización, como lo quieran llamar”, recordó la propia Torralba en la última sesión plenaria.