El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha anunciado hoy que va a presentar un incidente de ejecución de la sentencia que obligaba a Juan Ávila a facilitar información al grupo de la oposición, en lo que suponía una clara vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca dio la razón al PP en el recurso que presentaron denunciando que no tenían acceso a diversa documentación solicitada.
Los populares presentarán este escrito en el que piden que se ejecute la sentencia de 8 de julio de 2013. En esta sentencia el juez especificaba que en muchas ocasiones no se había contestado a las solicitudes del PP y que en otras se había tardado mucho tiempo sin motivo alguno para ello. Desde el punto de vista judicial no puede aceptarse este comportamiento ya que el Equipo de Gobierno tiene la responsabilidad de articular los mecanismos adecuados para que se cumpla el derecho al acceso a la información de los populares.
En el cuerpo de la sentencia se decía asimismo que el Equipo de Gobierno debía arbitrar las normas o criterios precisos para que los populares tuviesen acceso a esta información, “dando las órdenes oportunas a los diferentes servicios o dependencias para que llegue al Grupo solicitante”, ya sea mediante la puesta a disposición en algún lugar previamente habilitado al efecto, o mediante la entrega de copias en los supuestos que sea pertinente.
El juez entendió que se ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución y que había que reconocer, estimando el recurso, un derecho indubitado de la parte actora, esto es el Grupo Popular, a la obtención de la información requerida, ya sea la ya solicitada o la que se pida en el futuro.
Sobre este extremo, el portavoz del PP en el consistorio conquense, Pedro J. García Hidalgo considera que nada ha cambiado en lo concerniente al acceso a la información de su grupo, y que por ello, después de tres meses desde que se dictara la sentencia, van a solicitar al juez que obligue a Ávila a cumplir con la normativa.
Los populares recibieron en su momento con gran satisfacción el mandato del juez porque éste ratificó que “Ávila estaba vulnerando nuestros derechos a obtener información”. Tal y como manifestó en el momento de conocer la sentencia, Hidalgo insiste en que “el alcalde pisoteó nuestros derechos antes de conocer la sentencia, pero lo sigue haciendo ahora, a pesar de estar condenado por el juez”.
Entre los documentos solicitados están los referentes a la empresa del agua y la peatonalización de Carretería, además de asuntos relacionados con personal y con una denuncia por prevaricación contra el concejal Enrique Hernández Valero presentada por los populares. Algunas de estas solicitudes no contestadas se pidieron hace más de un año.
Hidalgo confía en que con este incidente de ejecución de sentencia modifique de una vez la actitud de Ávila nada transparente y oscura con la que está gobernando el Ayuntamiento.