Tras conocerse la reposición, por decisión del equipo de gobierno del PP, del nombre de “generalísimo” a una calle del municipio conquense de Reíllo desde la Asociación republicana se ha vuelto a exigir al subdelegado de gobierno, máxima autoridad político-administrativa de la provincia, para que actúe y haga cumplir la Ley 57/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Un hecho que según el colectivo republicano “está fuera del espíritu y la letra de la vigente ley de Memoria Histórica pues se trata de un evidente ejemplo de exaltación y apología de quien fue cabeza visible de la sublevación militar contra el régimen legal y legítimo de la Segunda República, y que acarreó una guerra civil y cuarenta años de represión”.
“Seguiremos insistiendo, como lo hicimos con anteriores subdelegados de Gobierno en Cuenca, para que no se mire para otro lado y se ejerza la autoridad competente y se ponga coto a actitudes pasivas de responsables políticos o a decisiones que incumplen la normativa de memoria histórica”, manifestaron, para remarcar que “igual que se aplica con los Ayuntamientos un control riguroso del cumplimiento de leyes financieras, tributarias, etc., también se debe hacer en estos casos”
Han recordado desde “Ciudadanos por la República” de Cuenca algunas de las conclusiones que aparecen en su trabajo publicado, y que hasta la fecha el más completo “censo de vestigios franquistas” de la provincia, donde se decía que “los símbolos franquistas analizados, descritos y recogidos no son objetos neutros, no son mobiliario urbano sin más. No se trata de farolas ni de papeleras”. Y “ya que la construcción del marco simbólico democrático de los pueblos y ciudades, en buena medida, es competencia municipal (nomenclatura del callejero, monumentos, actos públicos, celebración de festividades, etc.) también es responsabilidad suya evitar todo aquello que contribuya a la confusión o entre en contradicción con los valores constitucionales y derechos fundamentales”.
“Entendemos que son las autoridades políticas y administrativas, desde los Ayuntamientos hasta el gobierno central, quienes tienen que velar por la promoción y el respeto de los principios y valores democráticos de nuestro ordenamiento constitucional”, declararon.
“Ya que la construcción del marco simbólico democrático de los pueblos y ciudades, en buena medida, es competencia municipal (nomenclatura del callejero, monumentos, actos públicos, celebración de festividades, etc.) también es responsabilidad suya evitar todo aquello que contribuya a la confusión o entre en contradicción con los valores constitucionales y derechos fundamentales”, concluían también.
En el citado trabajo sobre vestigios franquistas, el colectivo republicano conquense tras el estudio del nomenclátor del INE del año 2012, y contrastado con otras fuentes como los callejeros de los padrones fiscales del Catastro o los listines telefónicos, constataron que todavía perduran en más de 50 municipios de la provincia calles con referencias a militares golpistas, líderes políticos sublevación contra la República, etc.
Los más destacados siguen siendo las calles de Jose Antonio (Primo de Rivera), que sigue existiendo en 35 municipios. Le sigue las dedicadas al Generalísimo o Francisco Franco, que perdura en 26 municipios. Y el líder del partido Renovación Española que fue nombrado por el régimen franquista como “protomártir de la Cruzada” que da su nombre a 13 calles en otros tantos municipios.