La modificación de la Ley de Farmacia: una oportunidad perdida para mejorar el servicio farmacéutico

Si hubiese optado por aprobar una nueva Ley de Farmacia se habría abierto la posibilidad de llevar a cabo un profundo debate sobre las necesidades que nuestra región tiene en este ámbito y adaptar la prestación farmacéutica a la realidad social de nuestra región; con un importante número de habitantes dispersos en cientos de núcleos de población de reducido tamaño y con población muy envejecida, para lo cual habría sido necesario llevar a cabo una flexibilización de los requisitos del servicio en el medio rural y al mismo tiempo garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad.

El texto que se ha aprobado plantea incertidumbres para el futuro de la prestación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha, así nos encontramos que:

• No vela por el bien público.
• Cuestiona la pervivencia de la farmacia rural a medio plazo, siendo esto un nuevo golpe a una región que sobre todo es eminentemente rural. La farmacia rural se queda sin la necesaria protección, y los ciudadanos que viven en todas esas zonas empezarán a tener problemas en un futuro no muy lejano.
• No garantiza la prestación de un servicio público adecuado con carácter universal y en condiciones de igualdad en todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. (los principales perjudicados viven en las zonas rurales de las provincias de Guadalajara y Cuenca, pero también en los pueblos pequeños de Toledo, Ciudad Real o Albacete).
• No tiene en cuenta los intereses de la mayoría de los profesionales.
• No aporta mejoras para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica.
• Establece un amplio régimen de exenciones casi sin limitaciones en objeto y tiempo a la presencia del farmacéutico en la oficina de farmacia, manifiestamente incompatible con el interés general de los usuarios.
• No preserva el régimen de la legítima competencia consagrado en la Constitución Española y en la normativa de la Unión Europea, y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría generar inseguridad jurídica futura a los operadores del sector, consecuencia ésta que es manifiestamente impropia de un texto legal.

El texto que se propone no aporta mejoras para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, ya que modifica los criterios de distribución y dispensación más allá de lo establecido en la legislación básica, sin que este quehacer redunde en una disminución efectiva del gasto farmacéutico.

El texto facilita la ausencia del farmacéutico titular, incorporando nuevos supuestos habilitantes que quiebran el carácter excepcional y limitativo de los mismos, ya que estos estaban circunscritos a motivos en los cuales se ejercen funciones públicas que redundaban en beneficio de la colectividad, o en la formación continua del profesional que mejora la atención a los usuarios en el momento de la dispensación.

Ahora, el texto propuesto incorpora las cuestiones meramente personales o el ejercicio de cargos directivos de entidades privadas (sin ni tan siquiera acotar este ámbito subjetivo tan sumamente amplio), que sólo redundan en beneficio particular de algunos farmacéuticos, fundamentalmente de aquellos con mayores cifras de medios, y no en el de los usuarios.

Además, estas nuevas habilitaciones, con su redacción excesivamente amplia, darán lugar a que las ausencias se multipliquen de manera exponencial, lo que unido a su duración “sine die” y a la falta de autorización previa (se suprimen) hará que ésta se prolonguen en el espacio temporal, circunstancia que, no sólo no supone la mejora colectiva alguna, sino que además perjudica gravemente a los usuarios, ya que se verán privados del consejo de su farmacéutico.

José Luis Martínez Guijarro

Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha