El Grupo Municipal Popular ha presentado en los últimos días un nuevo incidente de ejecución de sentencia para que el alcalde, Juan Ávila, cumpla con lo estipulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su resolución firme de enero de 2014, por la que le condenaba por vulnerar los derechos fundamentales del grupo de la oposición, al no proporcionarles la documentación que habían solicitado para ejercer su labor.
Los populares denuncian que Ávila sigue sin darles información sobre asuntos muy importantes incumpliendo lo establecido esta sentencia. Recuerdan que han presentado varios escritos solicitando que se ejecute esta sentencia, porque el primer edil sigue negándoles información muy importante. Entre las últimas peticiones del Grupo Popular que no han sido contestadas, se encuentra diversa documentación sobre el Bosque de Acero, que pidieron en diciembre, o la modificación del contrato de recogida de basuras.
Tampoco saben nada de las facturas de la Fundación de Turismo ni de la naturaleza de los expedientes sancionadores de la empresa del autobús urbano. Otros asuntos que les han sido vetados recientemente, se refieren a los también expedientes sancionadores que anunció Ávila al restaurador Manuel de la Ossa en octubre de 2014. De igual modo, tampoco han recibido copia de los contratos de la empresa del agua, a pesar de que el edil de Hacienda, Enrique Hernández Valero, se comprometió con el portavoz del PP a entregárselo con inmediatez.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, fecha en la que los populares presentaron un recurso contencioso administrativo denunciando la ocultación de información que llevaba a cabo el primer edil en el Ayuntamiento. Ese recurso se resolvió en julio del mismo año con una sentencia provisional condenatoria para el alcalde que días más tarde éste recurre sin éxito. Dado que el Equipo de Gobierno sigue sin entregar la documentación a los populares, estos presentan en el Juzgado un incidente de ejecución de la sentencia en cuestión.
Ya en enero de 2014 con la sentencia firme, y ante el reiterado incumplimiento de la misma, el Grupo Popular se vio obligado a solicitar un pleno extraordinario para que se debatieran en él algunos de esos asuntos que les habían ocultado desde el inicio de la legislatura, entre ellos el coste de Carretería y la gestión del agua.
Días después, el Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia, condenando en costas al Ayuntamiento y sin dar opción a recurso alguno. A pesar de ello, la negación y ocultación de documentación es continua y Ávila sigue vulnerando los derechos fundamentales del grupo de la oposición. Por ello, en el mes de junio pasado el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Cuenca emite un auto en el que ordena al Ayuntamiento la ejecución forzosa de la sentencia y ya prevé multas coercitivas entre 150 y 1.500 euros para autoridades, funcionarios o agentes en caso de incumplimiento de la misma. También indica el juez en este auto que “se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
El portavoz popular, Pedro J. García Hidalgo ha indicado que “Ávila sigue ocultando información relevante a la oposición saltándose la ley a pesar de tener sobre sus espaldas una sentencia condenatoria del Juzgado”. Según Hidalgo, “Ávila no ha salido del gobierno de la cueva al que nos tiene acostumbrados, ni siquiera por mandato judicial”, manifiesta.