La portavoz del Grupos Socialista en la Diputación de Cuenca, Carmen Torralba, denunció hoy que el presidente de la Institución provincial, Benjamín Prieto, se saltará “por la cara” el pleno correspondiente al mes de mayo “para dejar sin contestar las preguntas de la oposición” antes de las elecciones municipales y autonómicas.
La portavoz socialista señala que hay casos en los que las instituciones han acordado la fecha de celebración de los plenos correspondientes a este mes, pero en el caso de la Diputación “Prieto ha impuesto su ordeno y mando, como lleva haciendo toda la legislatura, sin consultar nada al respecto al grupo de la oposición” sobre el pleno de este mes.
Torralba asegura que es una prueba más del “oscurantismo” que han caracterizado los cuatro años de gestión del PP al frente de la Diputación y que el objetivo no es otro que “tapar su nefasta gestión” antes de las elecciones, ya que Prieto concurre como cabeza de lista por la provincia de Cuenca a las Cortes.
Recuerda que entre las preguntas que Prieto deja sin responder están las correspondientes al PLAMIT – obras sin justificar en plazo o incluso sin adjudicar – por el que la provincia de Cuenca perderá, insiste Torralba, unos dos millones de euros de los fondos europeos. “Se trata de un proyecto millonario que Prieto heredó del anterior Gobierno socialista y que no ha sido capaz de llevar a cabo en estos cuatro años”, añade Carmen Torralba.
Del mismo modo quedan sin respuestas preguntas de la oposición como si la Junta ha pagado el déficit generado por la gestión del Parque Arqueológico de Segóbriga, como obliga la legislación; en qué situación han quedado los trabajadores en excedencia del Conservatorio Profesional de Música tras la supresión del Patronato por parte de Prieto; la liquidación del presupuesto de 2014 o la duda viva de la Institución provincial.
Preguntas sobre contratos
Del mismo modo, Prieto evita responder antes de las elecciones por qué los trabajadores de los talleres de empleo de la Diputación fueron contratados el 27 de marzo y no el 1 de abril, obligando a la Institución Provincial a abonar todo un mes a la Seguridad Social y sin que ello conlleve beneficio alguno ni para los trabajadores ni para esta caso. Un hecho que, a juicio de la oposición, “quizá pretendía contribuir a maquillar las listas del paro en un mes electoral”.