Desde el Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca han expresado su confianza en que todos las empleadas y empleados de las entidades locales (Diputación, Ayuntamientos, Mancomunidades, Fundaciones, empresas y organismos públicos) de la provincia de Cuenca se puedan beneficiar de todas las medidas que el pasado viernes aprobó el Consejo de ministros.
Unas medidas recogidas en el Real Decreto Ley 10/2015, devolución de otro 26% de la paga extra suprimida en 2012, reposición de días de asuntos propios, más días de vacaciones y días de libre disposición en virtud de la antigüedad, que inicialmente son de directa aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado y de Justicia, “y que para el resto de Administraciones Públicas, lo será en función de la voluntad política o de la disponibilidad económica de cada una de ellas”, informaron desde la FSC CCOO-Cuenca.
“Medidas que restituyen algunos de los derechos que este mismo gobierno les quitó con otro Real Decreto en el año 2012, y que afectaron a todos los empleados públicos, incluidos los de las Administraciones Locales, que no deberían ser marginados en esta ocasión por la actitud de los responsables políticos”, señaló el responsable del Sector de la Administración Local FSC Cuenca, Angel Luis Castellano Bobillo.
“Sería cuestionable que los casi 4000 empleados y empleadas de las administraciones locales que prestan sus servicios en la provincia de Cuenca pudieran seguir sufriendo una nueva discriminación. Por eso vamos, a través de nuestros delegados y delegadas en las entidades locales, a exigir que lo antes posible se convoquen las Comisiones Paritarias, de Seguimiento de convenios o Mesas de Negociación para concretar la aplicación de estas medidas”, añadió Bobillo.
“Y en aquellos Ayuntamientos donde no existe representación legal de trabajadores o no hay convenios colectivos o acuerdos marcos vigentes también vamos a estar vigilantes para que no se quede ningún empleado o empleada municipal sin poder acogerse a estas medidas”, remarcó el sindicalista.
“No sólo rechazamos esta posible discriminación, sino que vamos a seguir exigiendo al Gobierno que devuelva todo lo que han arrebatado a las empleadas y empleados municipales, porque los derechos se los quitaron a todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas y los tienen que devolver a todos, sin excusas ni demoras”, aseveró finalmente Castellano Bobillo.