“Muchos empleados y empleadas de los Ayuntamientos, organismos o fundaciones públicas están sufriendo más que una inocentada, una verdadera discriminación y falta de voluntad por parte de sus Alcaldes o Alcaldesas para restituirles los derechos que les pertenecen”. Así de rotundo se expresó el responsable del Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca, Angel Luis Castellano Bobillo, quien han dejado constancia del balance realizado por su Sindicato desde que en octubre el gobierno central aprobase el Real Decreto Ley 10/2015.
Un Real Decreto Ley que recogía medidas como la devolución de otro 26% de la paga extra suprimida en 2012, reposición de días de asuntos propios, más días de vacaciones y días de libre disposición en virtud de la antigüedad, que inicialmente eran de aplicación directa en el ámbito de la Administración General del Estado y de Justicia, pero que podían aplicarse en el resto de administraciones públicas.
“Hemos comprobado como esta falta de voluntad política y de nulo compromiso con sus trabajadores y trabajadoras se está produciendo sobre todo en Ayuntamientos, o entidades del sector público local, de mediano y tamaño pequeño o donde no existe representación sindical”, insistió Bobillo.
Recordó también el responsable de la FSC CCOO-Cuenca “la necesidad de preveer a la hora de elaborar y aprobar los presupuestos de cada Ayuntamiento o entidad local para el próximo año 2016, recoger partidas suficientes para devolver la parte de la paga extra de diciembre de 2012, sustraida a los empleados públicos, y que todavía no se ha abonado ni por negociación ni por ejecución de sentencia tras las denuncias de CCOO”. Una devolución que aparece en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobados en octubre y que entran en vigor el próximo uno de enero.
“También deberían de preveer en los presupuestos para el año 2016 la recuperación de la jornada semanal de 35 horas, como ya se va aplicar en la administración regional y que debería de negociarse y aprobarse en todos los Ayuntamientos, organismos, empresas o fundaciones públicas, como ya se está aplicando o se está negociando en otros Ayuntamientos y entidades locales”, señaló por último Castellano Bobillo.