La Plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Laguna de El Hito en Villar de Cañas ha comenzado a presentar escritos de alegaciones “ad cautelam” (por precaución) en el supuesto procedimiento de participación pública para la ampliación de las figuras de protección, utilizado como instrumento de paralización del ATC, “según resulta notorio por la prensa y se deduce de las declaraciones públicas de algunos de sus protagonistas” explica Pilar Martínez, abogada del colectivo.
Pilar Martínez detalla las causas por las que solicitan la nulidad del procedimiento:
1.- En primer lugar, “se alega el vacío y carencia de efectos jurídicos del acuerdo de 28 de julio de 2015, de inicio del procedimiento de ampliación de las figuras de protección, al considerar que tuvo como única finalidad la paralización del ATC”, mantiene la letrada.
2.- La falta de participación pública y audiencia a los interesados, incumplimiento de la Ley sobre Patrimonio y Biodiversidad, de la Directiva 2003/4/CEE, del Convenio Aarhus, sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente; de la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de la Ley de RJAP y PAC y de la Constitución.
3.- Incumplimiento de la Directiva Hábitats y del procedimiento para la propuesta de listas LIC, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la Ley 42/2007 de 26 de noviembre sobre patrimonio natural y biodiversidad para propuesta de listas LIC y su modificación y para la modificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
4.- La falta de la delimitación adecuada, exigida por la Ley sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad, por la Directiva Hábitats y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
5.- La ausencia de memoria económica para hacer frente a los costes e instrumentos financieros, para la aprobación de la propuesta de ampliación y modificación de las figuras de protección.
6.- Se denuncia la inconcreción, inseguridad jurídica, ilegalidad, arbitrariedad, abuso del derecho y fraude de ley.
7.- Se califica el inicio de este procedimiento como una burla al ciudadano, a las leyes y a las instituciones estatales y europeas, con grave perjuicio para la generalidad de la ciudadanía y el desarrollo de la zona.
8.- La falta de determinación de las limitaciones generales y específicas, respecto a los usos y actividades, que hayan de establecerse en función de la conservación
9.- La ausencia de criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con la ley y la carencia de establecimiento de los criterios de referencia, orientadores en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales, que inciden en el ámbito territorial de aplicación del Plan.
10.- La vulneración del artículo 45 de la Constitución y del principio de solidaridad colectiva.
11.- La vulneración del derecho a la igualdad y el estrangulamiento económico de la zona.
12.- Se anuncia la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración autonómica.
13.- Se denuncia la privación a los Ayuntamientos y entidades locales menores de su capacidad de autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando su capacidad decisoria, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica, a los que se otorga para el amplio territorio al que pretenden extenderse las figuras de protección, poderes casi omnímodos, incluyendo el planeamiento urbanístico.