-Y ahora, que deben, no quieren-
Es droga dura lo visto y padecido por el común de contribuyentes españoles en estos últimos años.
Nos cargaron, a escote, los abusos y torpezas de los banqueros –especialmente de aquellos que asaltaron las cajas de ahorros solo por méritos políticos-, y que fueron, además, condición necesaria para la crisis económica en la que todavía naufragamos.
Luego, en ese tiempo en el que aún rabiamos por la crisis, gracias al periodismo de investigación y al compromiso que muchos fiscales y jueces mantienen con el Estado de Derecho, llevamos años almorzando y cenando con el sapo en que se convierten nuestras comidas telediarias con tantos sinvergüenzas de traje, corbata y rueda de prensa multimediática. Personajes que, salvo raras excepciones, entran en los juzgados de instrucción como imputados, pero pocas veces salen camino de la cárcel, aún cuando son presuntos delincuentes de presuntos muchos delitos.
Ahora que parecía que la delincuencia fiscal más importante de España ya la conocíamos sale la noticia sobre lo que llaman los papeles de Panamá. Presumo que este asalto mediático a la información del despacho de abogados mejicanos llamado Mossack Fonseca, cuyas trampas han denunciado en España El Confidencial y La Sexta, es un salto cualitativo respecto a los sobresaltos a los que empezábamos a acostumbrarnos. En los próximos meses no nos faltarán ídolos con pies de barro que caerán por culpa de su propia nadería. Sin duda, las noticias que sigan serán saltos sobre los conocidos sobresaltos; el no va más allá: la silla encima de la cabra.
Y, con todo, digo que no me sorprende. Cambio de párrafo para explicarme con un referente histórico.
Hasta el S. XIX, con la fracasada Constitución de Cádiz -cuyos valores a intermitencias pudieron ir implantando los burgueses liberales en ese siglo y en el siguiente-, en España estaban exentos de pagar tributos los estamentos privilegiados: nobleza y clero. Solo apechaba, o sea pagaba los pechos, el estado llano; es decir, quienes hoy con mayor imprecisión conceptual se denomina la gente de la calle.
Fue Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda con el gobierno de la Unión de Centro Democrático que presidía Adolfo Suarez, quien en 1977 introdujo en España el criterio fiscal más justo de todos los conocidos hasta ahora: que cada cual debe contribuir a las cargas del Estado en proporción a sus rentas. Es lo que conocemos, y pagamos anualmente los contribuyentes, como Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De este impuesto están exentas las personas jurídicas, es decir las chiquicientas clases de sociedades que al mundo empresarial se le permite crear y a las que se aplica una fiscalidad a la que, con lenguaje actual, podemos adjetivar como “discriminación positiva”.
Con solo un impuesto que grabara, tanto para personas físicas como jurídicas, y con los mismos tipos impositivos, sus rentas, sobrarían, en mi opinión, el resto de impuestos, tasas y precios públicos. Lo decía el viejo marxismo en una máxima con la que coincido: “De cada cual según sus posibilidades, y a cada cual según sus necesidades”.
Retrocedo a lo que digo en el título. Hasta antes de ayer los poderosos nunca tributaron: eran las personas tangenciales al poder las que sustentaban los gobiernos. Ayer, como quien dice, nació el principio de que “todos somos Hacienda”. Pero hoy, todavía, los de antes de ayer no aceptan este novismo que les dice “tanto ganas, tanto contribuyes”.
Por eso, en los prolegómenos de lo que acabaremos sabiendo de lo que dirán más adelante los papeles de Panamá, debemos presumir dos cosas: la primera, que tenemos que estar abiertos a infinidad de noticias que nos digan que los ricos y/o poderosos, incluso a los que alguna vez admiramos, se creen aún estamento; y la segunda, que los contribuyentes del estado llano tenemos que continuar llamándoles sinvergüenzas en voz alta hasta que entiendan lo que significa igualdad fiscal.
Ah, y no votar a los partidos que sean cómplices.
Joaquín Esteban Cava