El Grupo Popular Municipal ha salido al paso de distintas informaciones en medios de comunicación, en las que se da cuenta de la desestimación de la demanda de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en referencia a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de enero de 2011, en el que se aprobaba el anexo al Acuerdo Marco relativo al Cuerpo de Policía Local, y que han sido interpretadas como que el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, podría ser imputado por prevaricación.
Los populares insisten en que no hay mayor novedad y que ‘no hay nadie imputado en este asunto y ni siquiera se han abierto diligencias previas por parte de ningún juzgado contra ningún miembro de la Junta Local de Gobierno que aprobó el acuerdo impugnado’.
Asimismo, manifiestan que ‘todos los acuerdos tomados en la Junta Local de Gobierno se aprobaron con los informes técnicos correspondientes y con el visto bueno de la Intervención Municipal y la Secretaría, cuestión que se puede comprobar en el acta de la sesión’.
Este anexo, además, aclaran que fue negociado con los representantes de los policías locales y supuso la racionalización de las retribuciones de los agentes, y su adaptación al nuevo organigrama de la Policía Local. Tras el informe del Tribunal de Cuentas de octubre de 2008 sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca de los años 2004 y 2005, que informaba que ‘los conceptos retributivos del servicio de Policía Local no eran ajustados a Ley’.
Desde el Grupo Popular Municipal recuerdan asimismo que la aplicación del anexo estaba y está sujeta y condicionada a la aprobación de los presupuestos futuros y limitada por la partida presupuestaria en vigor; como no puede ser de otra forma.
Indican que ‘desde junio de 2011, constituida la nueva corporación de mayoría socialista y durante toda esa legislatura, se han estado pagando las cantidades recogidas en el Anexo al Acuerdo Marco sin reparo alguno de la Intervención Municipal’. Además, informan que el nuevo anexo supuso una ‘mejora y una racionalización del Acuerdo Marco existente en 2004’, que ya fue puesto en entredicho por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de 2004-2005 al considerar que ‘los conceptos retributivos de la Policía Local no estaban ajustados a la ley’.
La misma sentencia 228/2015 del TSJ de Castilla-La Mancha, en su fundamento de derecho número 5, se sorprende que con la nueva corporación constituida y de no existir crédito presupuestario para el pago de las retribuciones la intervención municipal no hubiera realizado ningún tipo de reparo a las nóminas.
Por otra parte, los populares señalan que ‘resulta muy curioso que se esté haciendo una interpretación torticera de este asunto y de la política municipal en este momento previo a la visita del presidente en funciones del Gobierno a Cuenca’.