El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere participar de manera activa en el impulso a las políticas sociales que se está llevando a cabo en España y que se ha reflejado en los distintos puntos que se han tratado en el pleno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrado hoy en Madrid, al que ha asistido el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata.
Lamata ha recordado que, como la asistencia sanitaria, la atención social debe ser la misma para el conjunto de España aunque esté gestionada por las comunidades autónomas, y por tanto, el Gobierno regional respalda las distintas actuaciones debatidas en la Conferencia sectorial relacionadas con prestaciones sociales básicas como la atención a la discapacidad, envejecimiento activo, pobreza, voluntariado, adopción nacional y protección a la infancia.
También ha señalado que Castilla-La Mancha representa a las comunidades autónomas en este primer semestre en la Unión Europea en el ámbito de Trabajo y Políticas Sociales y quiere tener un papel activo en este marco en colaboración con el Gobierno de España.
Según el consejero, Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de España en políticas sociales y dispone de una amplia red de recursos y dispositivos, gracias al compromiso del Gobierno regional, con el presidente José María Barreda a la cabeza, para que la prioridad máxima de su gestión, junto con la creación de empleo, sea la atención integral a los colectivos más vulnerables, las personas que más lo necesitan y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión.
De los distintos asuntos tratados en la Conferencia, hay que resaltar que en materia de discapacidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto en las próximas semanas presentar el II Plan Regional para reforzar en el próximo decenio la atención integral a las personas con discapacidad que se presta como política transversal del Gobierno regional, que tiene como eje estratégico la igualdad y la sensibilización social.
En ese sentido, el Gobierno regional ha cuadruplicado en los últimos diez años la partida destina a la atención a las personas con discapacidad, pasando de 37 millones de euros en el año 2000 a los casi 140 millones de este año.
Respecto al envejecimiento activo, el Gobierno regional desarrolla un programa con un amplio abanico de actividades orientadas a prevenir la situación de dependencia que se ha reducido en un 20%, fomentar su autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Más de 100.000 personas mayores participan cada año en los distintos programas de envejecimiento activo que promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con el movimiento asociativo, como es el turismo o el termalismo social, las rutas senderistas, la incorporación a las nuevas tecnologías, el voluntariado o el acceso a la Universidad, por poner algunos ejemplos.
Además, los 54 centros de mayores de titularidad de la Junta de Comunidades han llevado a cabo el año pasado más de 2.000 actividades orientadas a fomentar el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia, en los que han participado unos 80.000 usuarios de estos dispositivos.
La lucha contra la pobreza y la educación y sensibilización en materia de cooperación al desarrollo son otras de las estrategias prioritarias de acción social que lleva a cabo el Gobierno regional.
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más presupuesto dedica a Cooperación para el Desarrollo en relación a la riqueza por habitante para impulsar mejoras sanitarias, educativas y sociales en países, en vías de desarrollo de África subsahariana, América del Sur y Centroamérica y Caribe, dando así respuesta al espíritu solidario de los castellano-manchegos.
Además, se ha aprobado el año pasado la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha con un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas como nuevos derechos de ciudadanía, y el Gobierno regional destinará este año cerca de 20 millones de euros para continuar desarrollando programas orientados a reforzar la integración social de personas y familias socialmente vulnerables, el desarrollo integral de barrios desfavorecidos y medidas dirigidas a la población inmigrante con problemas de adaptación social.
En cuanto a voluntariado social, el Gobierno del presidente Barreda respalda y apoya la labor solidaria y altruista que llevan a cabo cada día los más de 31.000 voluntarios en la región, desde el campo de los servicios sociales, protección civil, salud, inserción sociolaboral y cooperación internacional hasta protección civil, defensa de los derechos humanos, medio ambiente, cultura, educación y deportes y ocio y tiempo libre.
Así, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado en los últimos diez años más de 14 millones de euros al desarrollo del voluntariado en la región, además de promover su cualificación y formación para mejorar la calidad del servicio a que prestan cada día en las 488 entidades de las que forman parte.
Por último, en materia de adopción nacional y protección a la infancia, Castilla-La Mancha tiene como una de sus principales líneas de actuación promover el aumento de familias de acogimiento familiar para que los menores tutelados por la Junta no estén en centros residenciales mientras dure su situación de desamparo.
Además, es de las pocas comunidades que ofrece de forma gratuita formación sobre las distintas fases de adopción a las familias solicitantes y el Gobierno regional ofrece una ayuda a la familia que inicia un proceso de adopción de grupos de hermanos o niños con características especiales.
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