“Por lo que nos han dejado ver, los ocho expedientes están plagados de irregularidades, lo más llamativo es que no exista un director de proyecto o un responsable de cada contrato, ni siquiera hay calendarios de trabajo, como exigen los pliegos. A partir de aquí todo son chapuzas e improvisaciones para ocultar las irresponsabilidades políticas. Y aquí puede haber pasado de todo”, indicaba el popular.
Del mismo modo, Mariscal ha señalado que el PP sólo ha visto seis facturas por importe total de 750.000 euros. Cuatro, de 500.000 euros, se han pagado sin que conste el visto bueno ni acta de recepción y en las certificaciones de pago no aparece a qué se corresponden, sólo el número de la factura. Una de ellas, incluye una campaña de promoción y difusión de 30.000 euros de la que sólo nos consta un “power point”. Las otras dos facturas pagadas tienen un garabato irreconocible, sin que figure una relación de material, trabajos o conceptos detallados, concretamente una de ellas por 60.000 euros - 10.000.000 de pesetas -, de fecha 29 de junio de 2009, es por “difusión del proyecto de implantación del sistema de gestión municipal para los ayuntamientos de la provincia” del que no hay constancia. Salvo la jornada de presentación y la comida en Salones Latino que fue en diciembre de 2009, casi cinco meses después. Proyecto financiado exclusivamente por la Diputación en el que estuvieron representantes del Gobierno regional y el subdelegado del Gobierno.
Para el PP, en todos los expedientes mostrados faltan las notificaciones y las fichas de justificación de gastos al Ministerio, a pesar de constar en Internet las certificaciones parciales y finales con la firma digital del presidente de la Diputación.
Mariscal también ha manifestado que “es todavía más flagrante el incumplimiento del citado proyecto, del que no nos han facilitado información, “Implantación del Sistema de Gestión Municipal para los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, consorcios y mancomunidades”, con cargo exclusivamente a los presupuestos provinciales. Éste no ha funcionado ni siquiera en el ayuntamiento del diputado de ATM ni en el del diputado regional socialista. A pesar de todo se pagó, en contra de las advertencias expresas de algunos alcaldes y del malestar de los secretarios, por lo que nos tememos que se hayan pagado los 178.000 euros por un trabajo no realizado más una cantidad similar en 2010”.
Por último, el viceportavoz del PP ha dicho que en ningún momento, a ninguna empresa se le ha puesto penalización alguna ni se han exigido las indemnizaciones y responsabilidades incluidas en los contratos. “Por eso, estamos convencidos que se han cometido negligencias y actos que dan lugar a gravísimas responsabilidades, más allá de las políticas y administrativas, que las hay también. El Plan de Modernización no es la compra de ordenadores sino la implantación de la administración electrónica, de servicios telemáticos y de las nuevas tecnologías en la diputación, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios de la provincia de las que todos los conquenses nos podemos beneficiar”.
El Plan de Modernización Administrativa de la Provincia de Cuenca está formado por ocho expedientes de contratación de suministros y de prestación de servicios que suman 3,20 millones de euros, de los que 1,82 millones de euros provienen de diferentes Ministerios. La Diputación provincial de Cuenca ha dispuesto de plazo y medios técnicos y económicos más que suficientes por lo que Ávila no puede alegar falta de disponibilidad presupuestaria, única excusa recogida en la Ley de Sostenibilidad.
“El PP está obligado a exigir responsabilidades que se deriven de los hechos y a denunciar este grave incumplimiento para evitar que a partir de junio el PSOE nos exija a nosotros lo que ellos no han hecho”, concluía.
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