Grosso modo es lo que está pasando en muchas instituciones, ya sean de carácter cultural o de investigación, que dependen en este país de la financiación publica para subsistir, como es el caso del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) que acabo de describir. Si la historia es de por sí dramática para la gente que lo vive en propia carne también lo es para el conjunto del país en general, por que si de algo estamos faltos es de talento que se pueda quedar en España desarrollando su labor y que no se lleven los beneficios terceros países.
Huelga decir que hubo un aluvión de comentarios, tanto de gente que se solidarizaba como de genta que decía que menos quejas y a moverse, varios de ellos proponían una casilla en la declaración de la renta para financiar la investigación y que no sucedan estas cosas. A bote pronto la idea no suena mal: si podemos elegir dar dinero para Oenegés y para la Iglesia católica ¿por qué no para investigación que puede suponer grandes avances para el conjunto de la sociedad?
Y aquí es donde empiezan los problemas, cuando se reflexiona mínimamente sobre el asunto, y surgen varias dudas sobre la viabilidad de la propuesta. Una de las primeras preguntas que habría que hacerse es ¿qué tipo de investigación podría beneficiarse? Es decir, que baremos se instauran para decidir donde nos gastamos los dineros. ¿Las investigaciones de la rama de humanidades tendrían alguna posibilidad o abría que centrarse en cosas como tecnología o biomedicina?, ¿primarían más los criterios de beneficios a corto plazo o a largo? Si ya de por sí esta cuestión da para debatir largo y tendido, creo que hay una variable fundamental en todo esto, y que nos remite a la historia del principio, y que no es otra que quien gestiona todo esto, y más si viene desde un gobierno.
La gestión que se está llevando desde los gobiernos, me da igual si hablamos de ayuntamientos, provincias, comunidades o el gobierno central, en muchos ámbitos no da excesiva confianza en los últimos tiempos. Y si hablamos del dispendio que se ha hecho con el dinero de todos en numerosos casos es para echarse a temblar. No hay que perder de vista infraestructuras faraónicas sin sentido basadas en el “los (póngase el topónimo que más nos guste) tienen derecho a (póngase un aeropuerto, un AVE, un tranvía, una radial, un museo de última generación, ….)” y que luego se han visto que son un gasto que no se sostiene para su utilidad real, y más habiendo otros problemas más acuciantes para la ciudadanía, por poner un ejemplo.
¿De quién dependería gestionar este hipotético dinero destinado a investigación? ¿Se crearía un organismo “independiente” del gobierno central, lo gestionarían directamente las comunidades autónomas o dependería de un organismo ya existente del gobierno? ¿qué baremos se instauran para decidir donde nos gastamos los dineros?. Son preguntas que me parecen pertinentes ya que le dinero que se “dona” en las casillas de la renta es dinero que no se aporta directamente al gobierno, sino que se sustrae del monto que hay que aportar en la renta y que no redunda en beneficio de todos directamente.
Volvamos a la historia del principio, mantener a pleno funcionamiento el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) cuesta al gobierno valenciano unos 10 millones de euros, la Formula 1, algo mucho más mediático, cuesta cerca de unos 18 millones de euros al año, aunque el total no se sabe a ciencia cierta. Los beneficios a corto plazo de la F1 se calculan en unos 60 millones, los del CIPF son a largo plazo y son imposibles de cuantificar en los poco menos de 6 años que lleva en funcionamiento.
Recordemos, ¿primarían más los criterios de beneficios a corto plazo o a largo?. Ahí dejo la cuestión.
Ruth García
Si (
No(
