La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla La Mancha ha dado hoy la voz de alarma ante lo que consideran un “ataque” sin paragón al colectivo que podría poner fin a gran parte de los derechos y deberes de la Policía Medioambiental si se prueba el anteproyecto de la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).
Pero no sólo se verá afectado el colectivo. De aprobarse el texto tal y como se ha presentado, supondría el golpe de gracia para la defensa de la biodiversidad y el medioambiente.
La aprobación de una Ley Básica que clarifique, regule y unifique, en todo el territorio nacional, las competencias y funciones de los agentes de la autoridad ambiental ha sido una reclamación histórica del colectivo que lleva en marcha desde el reparto competencial en materia medioambiental a las Comunidades Autónomas, lo que supuso sufrir un caos regulatorio que afecta, y mucho, tanto a la seguridad física y jurídica como a la calidad del servicio que prestan los agentes.
El texto presentado por el MITERD, poco o nada tiene que ver con el texto consensuado por la Unidad de Acción que componen los principales representantes de estos; y mucho menos con el aprobado en el Senado en 2018. Y es que, “con comunidades autónomas alzando el grito invocando el demonio de la invasión de competencias, con ingenieros de montes rogando clemencia para no quedarse sin siervos, y con altos mandos de la Guardia Civil con sus tentáculos acechando oportunamente dentro y fuera del Ministerio del Interior, ocupados en defender un malentendido corporativismo cimentado tan solo en un enfermizo ego profesional, que se saldaría con la merma del 80% de la policía medioambiental para la alegría de los delincuentes que atentan contra nuestro patrimonio natural, se habían rebajado ya las expectativas al mínimo aceptable”, afirma APAM.
Los Agentes Medioambientales aseguran que el texto, lejos de ser el avance que el colectivo pretendía, supone “un golpe sin precedentes y un retroceso en sus competencias de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y otros; mucho más que lo que supuso en el año 2015 con la Ley de Montes del Partido Popular y que movilizó a todo el colectivo a las puertas del Congreso”.
“CONTRA EL COLECTIVO”. El anteproyecto “dinamita” una por una todas las pretensiones del colectivo además de cargarse de un plumazo otras cuestiones que ya estaban más que consolidadas desde sus inicios. La Ley, tan reclamada por los Agentes Forestales y Medioambientales de España, elimina una por una prácticamente todas las referencias a las competencias de protección de los bienes jurídicos de naturaleza medioambiental y forestal; de la investigación de delitos y del auxilio y dependencia de jueces y fiscales ante hechos delictivos, arrinconando el servicio al ámbito puramente administrativo, buscando la exclusión total en materia penal, con la consiguiente merma de efectivos y recursos que cuenta el medioambiente para su protección.
PODRÍAN QUEDAR IMPUNES MUCHOS DELITOS. De aprobarse el texto presentado por el MITERD, muchos delitos medioambientales podrían quedar impunes y gran cantidad de actuaciones en materia de protección de la naturaleza podrían quedar sin efectos ante la Justicia. De igual forma, deja absolutamente vacíos de contenidos los conceptos de Policía Judicial y de Agentes de la Autoridad que ostentan desde siempre los y las Agentes Forestales y Medioambientales en España. Se les equipara a ciudadanos de a pie o, siendo ambiciosos, a guardas particulares de campo, lo que aumentaría la inseguridad jurídica de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, al diluir sus atribuciones legales en un texto lleno de ambigüedades.
Esta Ley está llena de imprecisiones como la que les faculta expresamente para cuestiones como recurrir al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando un ciudadano se niegue a identificarse; o de limitaciones fuera de norma como es denunciar necesariamente través de ellos las agresiones o amenazas en el ejercicio de su trabajo, cuestiones que ya tipifica el Código Penal como atentado a la autoridad y que se deben poner directamente en conocimiento de los juzgados.
Nada dice de la obligatoriedad de un ciudadano a facilitar su documentación a requerimiento de un Agente Medioambiental, ni de las consecuencias de no hacerlo o de proferir contra él insultos o descalificaciones. Además, omite deliberadamente facultades tan imprescindibles como la de inspeccionar personas o vehículos en los casos en los que las circunstancias que, con objeto de evitar o esclarecer infracciones o delitos, así lo requieran. También elimina la obligatoriedad de las administraciones a proporcionarles defensa jurídica en relación a los problemas derivados del ejercicio legítimo de sus funciones.
Respecto a los vehículos que deben conducir los agentes, la propuesta de Ley elimina la posibilidad de que estos vayan dotados de dispositivos luminosos V1-V3 que caracterizan al resto de vehículos de policía y de los cuales ya disponen los coches de los agentes de algunas comunidades como Madrid y Cataluña.
SIN PROTECCIÓN CON MEDIOS DE DEFENSA. Por si fuera poco, el texto tampoco resuelve una reivindicación de los Agentes, en relación a los medios de defensa y seguridad, cuestiones que sí abordaba el texto consensuado. Olvida, así, una de las cuestiones que hizo ver la necesidad de contar con una norma de este estilo como lo fue el asesinato de dos compañeros por parte de un cazador en Cataluña en el año 2017 y otros tantos casos de agresiones como el ocurrido en Andalucía el pasado 30 de noviembre.
Los Agentes Medioambientales aseguran que la lista de despropósitos es “interminable, por lo que “nos oponemos de forma frontal a esta norma, reclamamos a la unidad de acción que no ceda ni un milímetro en los acuerdos y anunciamos que emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para que esta Ley no vea la luz tal y como se nos propone, por suponer un atentado sin precedentes a un colectivo con más de 100 años de historia, el cual tiene encomendada una función tan vital para la sociedad como velar por la protección del patrimonio natural y la biodiversidad de todo el territorio”.
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