El sindicato acusa a Correos de mentir y falsear los datos para aplicar el mayor ajuste de plantilla de la historia pública postal. Si bien ha habido una caída de la actividad en el sector postal tradicional, la empresa omite intencionadamente el incremento de la actividad en la paquetería, entre un 50 y un 200%, o el de la correspondencia certificada en un 500%. Teniendo en cuenta estos datos, CCOO afirma que ha habido una reducción de plantilla del 25% muy por encima de la caída de la actividad total que el sindicato cifra entre un 6 y un 10%.
Este recorte de plantilla fija y eventual, en una empresa que lleva desde 2008 sin crear puestos fijos, se ha traducido en la provincia en la supresión de 36 puestos fijos y 22 eventuales, acentuado en el último año. La empresa está realizando contratos por horas y días, precarizando el empleo público, poniendo un parche a un problema estructural, la eliminación de puestos fijos y contribuyendo a deteriorar el servicio público postal.
En la provincia de Cuenca, el ajuste más reciente de plantilla se evidencia en las unidades de reparto de la capital. Recorte cuyas consecuencias son laborales, por una parte, porque se obliga a los trabajadores/as a llevar carros con unas cargas muy por encima de las recomendadas, a recorrer muchos más kilómetros y a hacer una entrega diaria de productos más especializados que conllevan más tiempo de trabajo. Con estas medidas, se pone en riesgo la salud de los trabajadores/as y su exposición a sufrir más accidentes.
El otro daño directo del recorte de plantilla recae directamente sobre los propios ciudadanos, que observan con impotencia cómo el correo ordinario, los certificados, las notificaciones y los paquetes les llegan con días de retraso provocando un grave perjuicio, y cómo tienen que esperar interminables colas en las oficinas para
tramitar un envío o cómo se reduce el horario de atención al público. Asimismo, las propias administraciones están dejando de recibir diariamente su correspondencia por la insuficiencia de plantilla.
CCOO exige el freno de este desmesurado recorte impuesto al margen de la regulación laboral y reclama un nuevo Convenio con mejoras salariales para un colectivo que no llega a mileurista y con cinco años de congelación salarial, incremento de plantilla y protección de derechos, acorde a la nueva organización del trabajo. De no haber un cambio en la estrategia en la empresa ni gestos claros en la negociación, el sindicato advierte de la puesta en marcha inmediata del calendario de movilizaciones para salvaguardar los derechos de los trabajadores/as y ciudadanos, arrebatados por la empresa y el Gobierno en lo que supone un ataque directo a los servicios públicos.
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