La decisión de los seis miembros del Consejo Ciudadano Regional de dimitir les niega el derecho a presentarse en las listas en el proceso electoral interno que acaba de iniciarse, según han explicado en el manifiesto.
Sin embargo, les permite "salir a la opinión pública a presentar nuestro balance y nuestra visión respecto de los principales retos" que tiene Podemos en Castilla-La Mancha.
Firman el manifiesto María José Aguilar (exsecretaria de Políticas Públicas), Raquel Crespo (Participación), Jorge García (Programas), José Carlos Gismero (exconsejero del Área de Empleo), Adrián López (exsecretario de Organización) y María Romero (exsecretaria de Movimientos Sociales).
El documento lo han organizado en tres bloques: sobre el funcionamiento interno de los órganos de dirección regionales, sobre la coordinación de estos órganos en el conjunto de Podemos y en la sociedad civil, y sobre la relación que existe entre lo organizativo y lo político.
Respecto a los órganos de dirección regionales, los firmantes demandan la reforma del reglamento de funcionamiento de modo que cinco secretarios "no deben poder tomar decisiones políticas en ausencia de los 30 consejeros restantes" y que haya procedimientos regulares de intervención y seguimiento online de los plenos y espacios de trabajo virtuales.
Instan a que se mantengan, y se cumplan "a rajatabla", decisiones adoptadas por el Consejo saliente como la rendición de cuentas mensual de la actividad del grupo parlamentario y que los consejeros puedan visionar las dietas de todos los cargos orgánicos o liberados.
También ven "fundamental" la delimitación de funciones, en concreto en asuntos como las liberaciones del grupo parlamentario y el partido y el diseño de los encuentros de Podemos con la sociedad civil, ya que son "decisiones políticamente estratégicas que nunca deberían poder tomarse a espaldas del parlamento autonómico del partido".
En este sentido, reclaman no solo limitar la concentración de cargos sino de funciones de modo que "una misma persona no puede hacerse cargo" de la coordinación del grupo parlamentario, el seguimiento de la agenda de la Secretaría General, la secretaria de organización, la supervisión de las funciones de participación y la gestión de las reuniones de la ejecutiva, entre otras labores.
Estos seis miembros dimisionarios del Consejo Ciudadano de Podemos explican que la "primero misión" de este órgano debe ser "diseñar un mapa político-estratégico de actuación para poder evaluar y coordinar".
Respecto a la coordinación con la organización y la sociedad civil, entienden que el Consejo Ciudadano debe fijar las indicaciones, instrucciones y materiales que dirijan políticamente la actividad institucional del grupo parlamentario, que, a su vez, debe rendir cuentas de sus actuaciones y resultados al Consejo "de forma permanente" y desde ahí al conjunto de militantes.
"No basta", han explicado, con "eslóganes, argumentarios, visitas relámpago, infografías o vídeos en torno a hechos consumados" sino que tienen que establecerse líneas de actuación a medio plazo para "hacer partícipes al máximo número de militantes de su potencial discusión y revisión".
En cuanto al vínculo entre lo organizativo y lo político, plantean construir espacios orgánicos y procedimientos en los territorios que aseguren la participación potencial del conjunto de militantes. EFE
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