También se ejecutó la orden de demolición que pesaba sobre el edificio y El Cavero, la parcela en la que durante años convivieron decenas de familias, es a día de hoy una explanada vallada, en la que no queda ni un ladrillo.
La alternativa que ofrecieron a las familias de etnia gitana que fueron desalojadas fue, por parte del Ayuntamiento de Olías del Rey, el realojo temporal en un campamento compuesto por dos grandes carpas y 16 tiendas de campaña y, por parte de la Junta, una ayuda de 1.800 euros a cada familia destinada a encontrar un alquiler.
Además, algunas mujeres embarazadas y personas mayores fueron alojadas en hoteles y residencias por unos días, con cargo a la Junta de Comunidades y, con la vista puesta en el medio y largo plazo, la Consejería de Bienestar Social activó un proyecto de integración social a través de la Asociación Socioeducativa Llere, que sigue trabajando actualmente con 30 de las familias.
Al campamento de Olías se trasladaron 27 familias, según cuenta a Efe Víctor Jiménez, padre de tres hijos, que relata que les "dejaron allí como perros, sin luz ni agua" y un frío que les "comía".
"Ahí no nos podíamos duchar, por lo que los niños estuvieron mucho tiempo sin ir al colegio", recuerda Víctor sobre el mes que pasaron en este campamento tras la "pacífica salida" que hicieron de El Cavero "con la esperanza de un realojo" que, a su juicio, fue "una falsa promesa, un complot".
Un campamento en el que no pudieron "hacer una vida normal" y por lo que, asegura, se vieron "obligados a okupar" ocho casas unifamiliares en la misma localidad.
Otras de las familias de El Cavero se trasladaron a municipios de Extremadura, donde tenían inmuebles, y otras se han instalado en municipios próximos a Toledo, donde continúan su vida trabajando con "la chatarra, la aceituna" o "en lo que se pueda, pero legalmente", subraya Víctor.
Así, algunas de las familias continúan con su vida, participando en los proyectos de acompañamiento social que buscan "normalizar su situación", indica la Asociación Llere, que lleva 22 años trabajando con familias gitanas, según informa su página web consultada por Efe.
Este programa de acompañamiento, financiado por la Consejería de Bienestar Social junto al Fondo Social Europeo, permite ofrecer a cada familia un plan individualizado para elaborar un itinerario diferente y conforme a sus necesidades, pues en algunos casos es preciso incidir en la escolarización de los niños y, en otros, facilitar que puedan acceder a alquileres sociales.
En este sentido, el director general de Acción Social y Cooperación de la Junta, Ramón Lara, recuerda en declaraciones a Efe que el primer proyecto de acompañamiento social para las familias de El Cavero, dotado con 35.000 euros, se inició tras el proceso de desalojo de estas familias y que otro posterior, que finaliza hoy y que ha durado cuatro meses, ha incluido a más familias gitanas de la provincia de Toledo.
"Se sigue trabajando con ellos en varios ejes, incluso en la mediación de viviendas y la inserción sociolaboral", indica Lara, que avanza que se trata de proyectos también de seguimiento educativo que han contado con un total de "100.000 euros en 2016" y que "se renovarán el año que viene".
Estas actuaciones, que realizan en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos implicados, "no han dado sinceramente los resultados que se podían esperar a medio plazo", admite Lara que, sin embargo, señala que son procesos "a largo plazo" porque el chabolismo es "un modo de vida e incluso de economía".
"Es un problema a nivel nacional -la pérdida de vivienda- que tienen muchísimas familias en este país, no solo de etnia gitana", que indica que la Junta, no tenía 47 viviendas y sí una lista de 2.000 personas solicitantes de vivienda.
Por todo ello, Lara reivindica que la Administración regional no ha mirado "hacia otro lado" en este asunto.
Este mismo argumento lo aporta el alcalde de Olías del Rey, José Manuel Trigo, que también sostiene que el Ayuntamiento que dirige "no recibió nada de nadie", sino que fue la administración local quien "pagó en su momento los gastos ocasionados" por el desalojo, "de 20.000 a 25.000 euros", entre autobuses para trasladar a los desalojados al campamento y de allí, a los niños al colegio, así como carpas, comida, sacos de dormir y otros objetos.
De todo ello, señala el alcalde de Olías, el Ayuntamiento solo pudo recuperar una carpa valorada en unos 6.000 euros y "de lo demás, no se ha recuperado nada, ni grupos electrógenos, ni tiendas de campaña".
Trigo subraya que el edificio era un peligro para las 47 familias que allí residían y, por ello, apostilla: "Si hubiese que repetir la actuación, la repetiríamos exactamente igual". EFE
Fidel Manjavacas
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