Y no solo debemos entenderlo así en el hecho de la acción económica, aspecto en el que han recuperado los antiguos y muy cuestionados postulados del ultraliberalismo que pusieron en la agenda política la Sra. Thatcher y el Sr. Reagan y que en España cobraron, en parte, carta de naturaleza con el gobierno del Sr. Aznar, auténtico arquitecto de los cimientos sobre los que se construyó la burbuja inmobiliaria, que orientó nuestro crecimiento.
Retrógrados han sido muchos de sus anuncios de acciones todavía por llegar, retrógradas han sido también las medidas ya tomadas en el ámbito de la educación (paradigmático el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía), de la defensa, de la sanidad, de los servicios sociales (abocados a recuperar el concepto de beneficencia o de solidaridad personal), de la protección del medio ambiente, de los derechos de las personas sin empleo, de los empleados públicos, y por último, pero no por ello menos importante, de los derechos laborales de las personas empleadas, cuyos recortes se confrontan con la ‘fallida’ amnistía fiscal para los defraudadores ocasionales o contumaces.
Pero si esta primera cuestión puede plantear debate (los que lo hacen solo pueden apelar al evanescente y no probado argumento del criterio de oportunidad), la segunda –el Gobierno sabe lo que quiere- no admite discusión.
Aprovechando la mayoritaria, en Europa, corriente de creencia en la ‘incuestionable bondad’ del mercado, de la economía capitalista sin adjetivos que la suavicen, proponen un escenario de empequeñecimiento de lo público, con la finalidad de que la actividad privada sustituya a lo que hasta ahora había sido responsabilidad compartida e incluso actividades que hemos reservado a la Administración con carácter exclusivo.
Señalando el objetivo, la táctica es simple: recortar el costo de los servicios hasta hacerlos bocado apetecible o incluso suculento para las empresas privadas, que pagando a los empleados menos salarios y maximizando su trabajo y ahorrando en gastos de mantenimiento, pueden incorporar en el balance económico un beneficio suficiente para considerar que un “servicios” obligado por mor de la satisfacción de un derecho (sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, información) se transforma en una “mercancía”, aunque para ello antes haya disminuido la calidad. Un ejemplo reciente bien puede ser lo que ha ocurrido con RTVE.
Los nuevos nombramientos producidos por aplicación de una ley claramente retrógrada (recupera otra de tiempos pasados y que pensábamos superados) ha encumbrado a profesionales, algunos de los cuales se pueden considerar responsables de los ínfimos niveles de audiencia de los medios de los que proceden, sustituyen a profesionales que han colocado a los informativos de RTVE a la cabeza de los medios, en índices continuados de audiencia.
Cabe pronosticar la caída de atención y podemos deducir que se incrementarán los niveles de audiencia de aquellos medios privados que sepan huir del sectarismo descarado que asomará a nuestros televisores en las cadenas públicas (nacionales y autonómicas) mientras éstas duren, abandonados por la audiencia.
Lo afirmado líneas arriba es de rabiosa y desgraciada actualidad en el ábmito de la sanidad pública y de la atención a los servicios sociales. Lo único que no podemos hacer es tener los ojos cerrados ante tanta evidencia. Es una obligación cívica en el sentido más estricto del término.
José Manuel Martínez Cenzano
Si (
No(
