La libertad de expresión e información son esenciales para la democracia. No se concibe una democracia sin unos medios de comunicación libres e independientes. Nuestra Constitución reconoce en su artículo 20.1 el derecho a “comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”. El ejercicio de este derecho “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” (artículo 20.2).
Todos los medios de comunicación deberían tener un nivel de independencia e imparcialidad tan elevado como el respeto que merecen los ciudadanos a los que se dirigen y la democracia para la cual representan un elemento imprescindible.
El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, opta por la autorregulación de los medios de comunicación y por un ejercicio responsable de la profesión antes que por la vía de la represión.
En el caso de los medios públicos la profesionalidad y la imparcialidad son exigibles por los ciudadanos que somos quienes los financiamos y los destinatarios de una información, que como indica el mencionado precepto constitucional, debe ser veraz y carecer de ningún tipo de censura previa.
Sin embargo el partido en el gobierno no ha tenido en cuenta estos importantes aspectos del funcionamiento democrático de la sociedad, sino que desde el primer momento rompió el pacto existente entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo de Administración de RTVE por mayoría de dos tercios del Parlamento. Una de las primeras cosas que hizo el Partido Popular cuando llegó al poder fue aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley que imponía la mayoría absoluta –justo la que ellos tienen- para renovar dicho Consejo, convirtiendo la televisión pública en una televisión de partido donde la información pueda ser considerada mera propaganda.
En este contexto el actual ministro de Justicia, en la línea de su predecesor en el cargo, se ha mostrado partidario de sancionar con firmeza a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales –lo cual parece muy razonable- pero, al mismo tiempo, apunta la idoneidad de un debate sobre el traslado de la sanción al medio y sobre la imposición de la no publicación de la información con el fin, según dice, de proteger la confidencialidad y la presunción de inocencia.
Frente a esta brillante idea la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (AMP), Carmen del Riego, muestra su rechazo “a cualquier intento de imponer sanciones a los medios de comunicación por difundir informaciones mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial”. Esta asociación considera que “no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma”.
Los ciudadanos deberían poder conocer cualquier información veraz y de interés de la que los medios tengan conocimiento. Pero resulta evidente que el gobierno del PP tiene muchas cosas que quisiera ocultar. Asuntos relativos a su propia financiación, al caso Bárcenas y el posible reparto de sobres y esos ordenadores que pierden la memoria, al caso Gürtel que de forma inexplicable y desinteresada hace aparecer objetos de lujo por doquier, a la actividad del exvicepresidente Rato y a Bankia con sus tarjetas black, o a la venta de Catalunya Bank donde se perdieron unos 11.800 millones de euros…
En Castilla-La Mancha los trabajadores de RTVCM se visten de luto para poner de manifiesto la manipulación informativa y convocan dos jornadas de paros para protestar contra las plantillas paralelas de este ente público. Denuncian la omisión de informaciones como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que estima el recurso de la Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia, entre otras.
Tampoco se ha dado gran difusión por este medio a la pasada marcha a Villar de Cañas, convocada por la Plataforma contra el cementerio nuclear, para protestar contra la intención del PP de construir este Almacén Temporal Centralizado (ATC) en dicha localidad conquense, tal vez porque no quiere que se sepa que no existe el necesario consenso social sobre dicha nefasta obra o que el emplazamiento dista mucho de ser idóneo, dadas las características geológicas de los terrenos elegidos exclusivamente con criterios políticos.
Los Verdes de Cuenca defendemos la libertad de expresión y la máxima independencia e imparcialidad de los medios de comunicación, especial mente de los de titularidad pública, de los que pagamos entre todos. Éstos son imprescindible para el buen funcionamiento democrático y no deberían manipulador desde el poder ni convertirse en instrumentos para la propaganda de ningún partido político.
Miguel Ángel Villalvilla
Los Verdes de Cuenca
Si (
No(
