Más de 443 mil personas con derecho al voto no votaron en Castilla-La Mancha en las dos últimas elecciones autonómicas. El hecho de que casi un tercio del millón y medio de electores no votara, implica que la abstención es la segunda opción política más escogida en la comunidad autónoma. Para valorar lo que esta abstención electoral significa quizá convenga saber que las personas que no votaron superan en más de 83 mil a los votantes del Partido popular (PP) en la región.
Que la abstención sea la segunda opción política escogida en cuatro de las cinco provincias castellanomanchegas debería ser percibido por el gobierno de Page como un problema fundamental del sistema democrático. Los dos partidos mayoritarios tendrían que abrir un debate sobre al asunto para conocer si esta abstención es fruto de la conformidad o de la decepción y significa un rechazo a la manera en que está funcionando el sistema. Una consecuencia del hipotético debate sería ofrecer algún plan de mejora en el nuevo Estatuto, con vistas a estimular la participación electoral.
Sin embargo, para los dirigentes de los partidos PSOE y PP, las más de 443 mil personas que no votan no son un problema. Su problema parece ser la horquilla de diputados que se pueden elegir en las Cortes regionales. El PP es partidario de mantener el número reducido de 33 con el argumento del “equilibrio entre la austeridad y la adecuada representatividad”. El PSOE propone subir la horquilla a 59 para mejorar la representación ciudadana en la cámara. La controversia partidista se ha resuelto de manera ficticia estableciendo que en las próximas elecciones se elegirá el mismo número de representantes que en la actual (33) y la horquilla de escaños se fija entre 25 y 55, pero la medida entraría en vigor -o no-, a partir del año 2028.
Este acuerdo conviene a los partidos y permite seguir tramitando la reforma del Estatuto. Pero no estimula la participación, ni aborda el problema de la elevada abstención. Si realmente interesara a los partidos la participación abrirían un debate y consultarían la opinión de la ciudadanía en torno a la normativa electoral. La consulta debería contener preguntas sobre la cifra adecuada de representación en las Cortes, la regulación de las campañas y los gastos electorales.
A la vista de que el nuevo Estatuto mantendrá el número de representantes en las Cortes, seguirá concediendo a los dos partidos mayoritarios ventajas para la propaganda gratuita en las campañas electorales y persistirá el dumping electoral que disfrutan los partidos PSOE y PP en los gastos y subvenciones electorales, se puede afirmar que la actual regulación de las elecciones pervierte la democracia y perjudica la representación de la ciudadanía castellanomanchega.
Por lo tanto, las gentes de la región tendrán que seguir defendiendo sus intereses legítimos mediante la participación en asociaciones y plataformas como Pueblos vivos, Stop Macrogranjas, Salvemos los campos, Pueblos por el tren, Plataforma por el ferrocarril público y social, Sí a la Tierra Viva, Asociación de Amigos del Campo de Montiel, ALIENTE, Ecologistas en Acción y etc., que han sido creadas para luchar contra los proyectos promovidos por los dos partidos en contra de la opinión ciudadana, como las plantas de residuos sólidos urbanos, las granjas de ganadería industrial, los proyectos de minería de tierras raras, los megaparques fotovoltaicos y eólicos que ocasionan un perjuicio económico local y empeoran de la calidad de vida de la ciudadanía.
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