El reconocimiento, que alcanza su octava edición, ha sido concedido por unanimidad por un jurado reunido en Toledo e integrado por especialistas de referencia en Derecho Administrativo y del ámbito judicial. Entre ellos se encontraban los catedráticos Fernando López Ramón, Isaac Martín Delgado y Patricia Valcárcel Fernández, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Diego Córdoba Castroverde y la presidenta de la AEPDA, Concepción Barrero Rodríguez.
La obra premiada, titulada ‘El régimen jurídico de la protección del informante en el sector público: arquitectura jurídica y administrativa’, analiza de forma crítica el marco normativo que regula la protección de las personas que denuncian irregularidades en el ámbito público. El trabajo parte del contexto internacional y europeo y examina las dificultades surgidas en la transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español.
El estudio profundiza en quiénes pueden ser considerados informantes y en qué circunstancias se garantiza su protección, abordando aspectos como las relaciones laborales, los vínculos indirectos o los supuestos extemporáneos, así como las exclusiones y limitaciones previstas por la legislación vigente. Asimismo, el autor pone de relieve una fragmentación entre el modelo europeo y el nacional que, a su juicio, tiene consecuencias prácticas en la aplicación de la norma.
La investigación dedica un bloque específico al análisis de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, evaluando su grado de independencia, sus funciones y los procedimientos de recepción y tramitación de denuncias, además de los mecanismos diseñados para evitar represalias contra los denunciantes.
El trabajo también examina las respuestas normativas y organizativas desarrolladas por las comunidades autónomas, destacando un panorama desigual y la necesidad de reforzar la coordinación entre las autoridades autonómicas y la estatal para garantizar un sistema coherente y eficaz.
Como conclusión, el profesor Miranzo subraya las tensiones prácticas que genera la regulación actual, especialmente en la articulación de los canales internos y externos de denuncia. En este sentido, defiende la importancia de avanzar en un desarrollo normativo y organizativo que refuerce la seguridad jurídica y la eficacia preventiva del modelo de protección del informante en el sector público.
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